Preocupación por la decisión nacional de recortar investigaciones científicas
Mediante la Resolución 10/25, el gobierno nacional determinó recortar las investigaciones que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”.
La Resolución 10/2025 del gobierno nacional permite dar de baja proyectos que no cumplan con los criterios establecidos en el Plan Estratégico 2024-2025. Así, solo prioriza áreas como agroindustria, minería y economía del conocimiento.
El documento, firmado por Guillermo Francos, otorga a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología amplias facultades para rescindir convenios y hasta exigir la devolución de fondos. Según lo dispuesto, cualquier proyecto que no haya ejecutado más del 30% de sus fondos será eliminado, sin importar su relevancia.
María Rosa Chachagua, doctora en Comunicación e investigadora de la Universidad Nacional de Salta, manifestó a Nuevo Diario que esta resolución plantea eliminar las investigaciones en las ciencias sociales en general.
“Esta decisión pone en riesgo la continuidad de proyectos fundamentales para el análisis y comprensión de nuestra realidad social, y también limita la capacidad de nuestros investigadores y académicos para abordar los problemas contemporáneos desde una perspectiva crítica“, expresó.
Asimismo, remarcó que el recorte de programas se suma a una serie de medidas adoptadas durante el año pasado que evidencian un avasallamiento sistemático sobre la educación pública.
“La falta de presupuesto adecuado para las Universidades, los bajos sueldos de docentes y no docentes, y la creciente precarización laboral en el ámbito educativo, son síntomas claros de una política que parece desinteresada en el desarrollo y el crecimiento intelectual del país“, destacó.
Con respecto a la Facultad de Humanidades de la UNSA, informó que actualmente cuenta con más de 60 proyectos de investigación del CIUNSA en ejecución sobre diferentes áreas temáticas.
En la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la cual es directora, indicó que cuentan con 12 proyectos proyectos dirigidos y constituidos por profesores, graduados y estudiantes; además de contar con becarios doctorales y posdoctorales de CONICET, de la Facultad, del Consejo Interuniversitario Nacional, entre otros.
“Es preocupante que, en lugar de promover el fortalecimiento de la educación pública y la investigación científica, estas decisiones apunten a su debilitamiento, dejando de lado el papel fundamental que juegan tanto las universidades como los investigadores en el desarrollo del país. La investigación en ciencias sociales y comunicación es esencial para la construcción de una sociedad más justa, equitativa y democrática, y su desfinanciamiento es una pérdida irreparable para todos“, finalizó.