Presentan amparo en la Corte para reglamentar la ley de acceso a la información pública
Cuatro organizaciones, tres salteñas y una de Buenos Aires, presentaron ante la Corte de Justicia una acción de amparo contra todos los poderes de Salta, por la falta de reglamentación e implementación de la Ley Provincial Nº 8.173 de Acceso a la Información Pública.
Estas organizaciones de la sociedad civil señalan que, en Salta, la mayoría de las veces es necesario recurrir a la vía judicial para acceder a la información pública, ya que casi todos los pedidos enfrentan obstáculos.
Esta normativa adhiere a la Ley Nacional Nº 27.275, que busca garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder de manera clara y efectiva a la información pública, y a contar con canales adecuados para reclamar frente a posibles incumplimientos de los sujetos obligados.
La acción judicial fue impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), el Centro Comunitario ALFA de la Fundación Proyectar, la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentinos en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Salta Transparente.
Pese que la ley fue promulgada en la provincia en el año 2019, su aplicación sigue sin ser efectiva debido a su falta de reglamentación y puesta en marcha, lo que impide que los salteños puedan ejercer adecuadamente este derecho fundamental, advirtieron las organizaciones.
Consultado por Nuevo Diario, Gonzalo Guzmán Coraita, referente de Salta Transparente, explicó que el año pasado hicieron una presentación solicitándole al Ejecutivo provincial, a las cámaras de Senadores y Diputados y al Ministerio Público que cada uno en su ámbito reglamente la ley y se cumpla con las obligaciones establecidas.
“Si se aplicara la ley, todos deberían publicar en sus páginas oficiales toda la información que enumera el artículo 32, como la nómina del personal, quiénes son los asesores, los sueldos, contrataciones, ejecución presupuestaria, entre otras cosas que deberían estar publicadas y no lo están”, señaló el amparista.
Agregó que: “reglamentar implica crear una agencia de acceso a la información pública, que debe controlar que la ley se cumpla. Si se presenta un pedido de informe en cualquier organismo del Estado y si no me responden, podría denunciar ante la agencia para que actúe. Como no existe, el único camino posible que queda es la vía judicial”.
Guzmán Coraita sostuvo que la agencia en cuestión tendría la facultad de intimar a los organismos y aplicar multas.
“También se prevén canales de comunicación digitales o electrónicos para solicitar información a algún funcionario y evitar la nota por mesa de entrada. A nivel nacional está la página de trámites a distancia que da la posibilidad de acceder a información pública llenando un formulario que genera un expediente digital”, detalló.
Por otro lado, expresó que: “En capital tenemos que ir a Casa de Gobierno con la nota impresa, pero el que es de Tartagal o de otro municipio es mucho más engorroso”.
Guzmán Coraita lamentó que en los últimos años “no tuvimos respuestas a los pedidos de informes a todos los tuvimos que judicializar. Esto es lamentable porque hay todo un desgaste al llegar a un juicio. Hay que presentar escritos, responder apelaciones. Así se desalienta el uso de esta herramienta”.
Por último, remarcó que la reglamentación de la ley derribaría los obstáculos y los funcionarios que no se apegan a la norma podrían tener sanciones económicas, causas penales, entre otras.