Presentaron recursos judiciales para que no se archive la denuncia contra Cargnello
Organizaciones feministas ingresaron cinco “Amicus Curiae” al Juzgado de Violencia Familiar y de Género para que no se archive la causa y se investigue en profundidad la denuncia de la Congregación de las Carmelitas Descalzas contra el Arzobispo Mario Cargnello.
La figura de los "Amicus Curiae" es un recurso procesal que permite que terceros de la sociedad civil, que tengan pertinencia en los temas que se debatan en una causa judicial, puedan intervenir con aportes técnicos, jurídicos y científicos y que colaboren con el análisis de la investigación.
Los amicus curiae fueron presentados por la Asociación de Católicas por el Derecho a decidir, Fundación Entre Mujeres, la organización Mujeres x Mujeres, el Comité de América y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) y la Multisectorial de Mujeres de Salta.
La jueza María Carolina Cáceres Moreno que lleva adelante la causa contra Cargnello ya recibió los documentos presentados.
Desde que inició el conflicto, la justicia solo ha dictaminado medidas protocolares para cesar la violencia y proteger la integridad de las Carmelitas.
Sin embargo, desde ese momento el tema quedo en un impass que puso en alerta a las organizaciones ante la posibilidad de que se archive el expediente.
El propio Eduardo Romani, abogado defensor del arzobispo, había vaticinado que la causa iba a archivarse, por lo que había interpuesto una apelación, alegando que la competencia para resolver el conflicto era en la justicia canónica interna de la Iglesia Católica. Sin embargo, desde los documentos presentados se hizo hincapié en que debe esclarecerse en el fuero judicial común.
“Durante todo el 2020 y el 2021, ellas trataron de acudir a la justicia canónica y obviamente no tuvieron respuesta La iglesia de manera sistemática ha evitado que se acuda a la justicia común lo que ha generado un velo de impunidad absoluto”, dijo Rocio García Garro de católicas por el derecho a decidir.
En los aportes que realizaron desde organización civil de católicas, remarcaron la violencia económica que sufrían las carmelitas de manera sistemática.
“Necesitan generar ingresos para autoabastecerse, para eso requerían de alguien habilitado que pueda firmar y en ese contexto el monseñor no habilitaba que se designe una madre priori quien tiene la capacidad jurídica para firmar el contrato”, explicó en su intervención García Garro.
Por su parte Gloria Cruz de la Multisectorial de Mujeres y CLADEM, sostuvo que en su aporte se profundizo en como la Iglesia replica de manera más reforzadas las asimetrías de género. “Aportamos jurisprudencia y doctrinas que hacen hincapié en este análisis”, dijo Cruz.
La autonomía de las Carmelitas fue central en el análisis provistos por los amicus curiae, y desde las organizaciones sostiene que las medidas en las que debe avanzar el Juzgado es en garantizar este derecho que evite que sean condicionadas y violentadas a través de su situación económica.
“Apuntamos con nuestra intervención es que el tribunal pueda dictar medidas que vayan un poco más allá y tienen que ver con poner foco a esta violencia que se ejerza de manera sistemática”, aseveró García Garro quien añadió que espera que el hecho “pueda servir para empezar a ver como la justicia pueda intervenir y que se garanticen los derechos de las mujeres que están dentro de la organización”.