Presentaron un amparo colectivo contra el Gobierno para exigir restablecer derechos en el Garrahan
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes presentó un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo. En este exigen que se cumpla íntegramente la Ley de Emergencia Pediátrica y se garanticen recursos suficientes al Hospital Garrahan.
La Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes interpuso un amparo colectivo contra el Gobierno nacional. La acción busca que se declare la inconstitucionalidad de cláusulas condicionantes en el Decreto 760/2025. Además que se garantice la asignación inmediata de partidas presupuestarias para asegurar el funcionamiento adecuado del Hospital Garrahan.
Según el escrito presentado ante la justicia federal con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, la controversia se centra en que el Poder Ejecutivo condicionó la promulgación de la Ley de Emergencia Pediátrica a que se identifiquen las partidas presupuestarias específicas. Para la Defensoría, ello viola el artículo 83 de la Constitución Nacional, porque tras insistir la norma con quórum agravado, corresponde su promulgación sin obstáculo alguno.
La demanda exige que se declare inconstitucional el artículo 1 del mencionado decreto, y solicita que se ordene la reasignación urgente de recursos al Ministerio de Salud. También demanda la conformación inmediata de la “Comisión de seguimiento y evaluación” prevista en la propia Ley, para supervisar su ejecución. Como medida cautelar, se pide su implementación de manera preventiva, dado el impacto irreparable que podrían sufrir cientos de pacientes pediátricos ante demoras.
La Defensoría enfatiza que el colectivo amparado incluye a todos los niños, niñas y adolescentes atendidos o por atender en el Garrahan y resalta que la garantía de salud para menores es un derecho de especial protección. En su presentación, advierte que los efectos de una atención deficiente no pueden revertirse fácilmente, pues afectan tratamientos esenciales y programas complejos de recuperación.
De no prosperar la acción en primera instancia, la Defensoría plantea elevar el caso hasta la Corte Suprema, ya que considera que están en juego derechos constitucionales y convencionales.
Fuente: Infobae