Presentaron un relevamiento social sobre internas penitenciarias en Salta
En un operativo impulsado por la Secretaría de Derechos Humanos a inicios de mayo, se tomó contacto con 39 internas, realizando un diagnóstico social de manera voluntaria, que permitió identificar situaciones familiares, de salud física y mental, laboral y procesal, cuyos resultados finales no se conocieron en detalle. Desde el organismo provincial tomaron el guante, tras los lapidarios informes que daban cuenta de la crítica situación que viven las mujeres privadas de la libertad en Salta.
No obstante, y desde la citada Secretaría informaron que en cada intervención se desplegaron acciones de gestión y articulación con distintos organismos para el acceso a servicios en el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Se alcanzaron prestaciones médicas, respuestas y diligencias por parte de diferentes Juzgados y Defensorías Oficiales Penales.
La reunión fue encabezada por la secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, el director general de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, la directora general del Servicio Penitenciario, Carina Torres, el inspector general subprefecto, Enrique Daniel Torres y la abogada Victoria Exeni, del equipo jurídico de Derechos Humanos.
En la ocasión, Reyes destacó los resultados de las intervenciones asegurando que, “con gestiones y operatividad dimos curso a demandas de las internas en cumplimiento del acceso irrestricto de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. Siempre es positivo que los organismos del Estado, los diferentes poderes, se encuentren para mejorar las actuaciones, los recursos y los servicios”.
Cabe recordar que en el mes de mayo realizó una visita de monitoreo a la Unidad Carcelaria N°4 y detectó que 110 mujeres y 5 niños conviven en condiciones degradantes y violatorias de los derechos humanos. Entre esas características se destacaba hacinamiento, falta de higiene, deficiencias en la alimentación, así como en la atención de la salud. El monitoreo entonces tuvo como precedente la muerte “bajo custodia” de Noelia Martel, en donde se analizaban las “posibles responsabilidades institucionales”.