Procesan a 7 jefes policiales y del Ejército por detenciones ilegales en 1976
La resolución responde a las acusaciones por las detenciones ilegales masivas que se ejecutaron durante la madrugada del 24 de marzo de 1.976. Entre las víctimas hubo gremialistas, abogados, docentes y referentes universitarios.
Los procesamientos fueron dispuestos por la jueza federal Mariela Giménez, quien también ordenó un embargo preventivo para cada uno de los imputados por la suma de 300 mil pesos.
Tres ex integrantes del Ejército Argentino y cuatro de la Policía de la provincia de Salta que cumplieron funciones durante la última dictadura resultan procesados a instancia de acusaciones impulsadas por el fiscal general Carlos Martín Amad, del Área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta.
Esta causa de lesa humanidad apunta a dar justicia a favor de 38 personas que sufrieron detenciones ilegales, privación ilegítima de la libertad, apremios y vejaciones. En esa jornada negra de la historia argentina, en Salta las detenciones alcanzaron a varios centenares de personas, muchas de ellas luego recuperaron la libertad, otras pasaron meses detenidas y hubo varios asesinados.
Los militares procesados son el miembro de la plana mayor del Destacamento de Caballería 141, Luis Dubois, y los ex tenientes Librado Rubén Gamón -quien cumplía funciones en la misma repartición, y Carlos Alberto Arias, del Regimiento de Monte 28 de Tartagal. Dubois fue procesado como responsable del delito de privación Ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas, actuando en abuso de sus funciones y en perjuicio de 36 detenidos. Respecto de 4 víctimas, se sumó el agravamiento de la extensión de las detenciones mayor a un mes. Se lo procesa por el delito de vejaciones y apremios Ilegales, en calidad de coautor mediato, en perjuicio de 11 personas. Gamon y Arias, en tanto, fueron procesados por los delitos de privación de la libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de un detenido. La jueza señaló que las detenciones fueron ejecutadas por individuos "fuertemente armados, uniformados, actuando con la certeza de que su accionar no sería entorpecido, ya que las víctimas se encontraban entregadas al descanso".
En cuanto a los imputados que pertenecían a la Policía de Salta, la jueza procesó a Virtom Modesto Mendíaz – fue segundo jefe de esa fuerza- por privación Ilegítima de la libertad agravada por violencia y amenazas en perjuicio de 16 detenidos. Incluye vejaciones y apremios Ilegales en calidad de coautor mediato en perjuicio de 2 víctimas.
Joaquín Guil -fue director de Seguridad de la fuerza- y Roberto Arredes, ex jefe de la División Contralor, fueron procesados por los mismos delitos, pero en perjuicio de 18 víctimas. Y Ramón Vivas, ex jefe de la comisaría de Cafayate, fue procesado por el delito de privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de tres detenidos.
Fundamentos esenciales tenidos en cuenta por la justicia federal
Al resolver, la jueza tuvo en cuenta mayormente las actuaciones promovidas por la fiscalía, la mayoría de ellas surgidas de testimoniales brindadas en otras causas por delitos de lesa humanidad, entre ellas la "Mega causa Fronda" y la conocida como "Habeas Data".
También tomó como base de análisis la acumulación de informes y pericias que fueron requeridas por el Área de Derechos Humanos respecto a registros de detenidos, tanto en unidades de la policía como otras pertenecientes al Ejército. En el inicio de los considerandos, la jueza recordó que "con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1.976, la Policía de la Provincia de Salta ya se encontraba bajo el 'control operacional' del Ejército Argentino", tal como lo señaló la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en la causa "Ragone". Por otra parte, referenció el contexto histórico de los casos con la sentencia del Juicio a las Juntas Militares de 1.985.
Las acusaciones surgieron de denuncias y testimonios que revelan lo sucedido en la madrugada del día del golpe de Estado en Salta, cuando se dispusieron las detenciones de cientos de personas, calificadas como "enemigo" de la "seguridad nacional", en los términos propios del esquema represor. Durante esa madrugada, principalmente abogados, sindicalistas, dirigentes de distintos partidos políticos, docentes y directivos universitarios, entre otros, fueron detenidos, como también sus familiares, incluso menores de edad. Muchos de ellos, luego de 20 días y hasta tres meses después, en algunos casos, recuperaron la libertad, mientras que otras fueron asesinadas. Varias de las que sobrevivieron, en tanto, fueron víctimas de vejaciones y apremios.
Gala de impunidad
Sobre estos operativos ilegales, la jueza señaló que las detenciones fueron ejecutadas por individuos "fuertemente armados, uniformados, actuando con la certeza de que su accionar no sería entorpecido, ya que las víctimas se encontraban entregadas al descanso, habiéndose coordinado previamente lo necesario para que la zona estuviera liberada, para huir del lugar tranquilamente haciendo gala de la impunidad con la que se manejaban, desde la tranquilidad de pertenecer a fuerzas de seguridad".