Productores del NOA cuestionan y rechazan el regreso de las retenciones

Desde la Sociedad Rural Salteña cuestionaron que, a partir del 1 de julio, se restablezcan los aranceles a la soja, el maíz y el girasol.
Señalan que la medida perjudica al norte argentino, donde los ciclos productivos son distintos, y reclaman previsibilidad, seguridad jurídica y ordenamiento territorial.
El presidente de la Sociedad Rural Salteña, Alfredo Figueroa, expresó su rechazo al restablecimiento de los derechos de exportación a partir del 1 de julio para cultivos como la soja, el maíz y el girasol, al considerar que esta decisión vuelve a castigar a los productores del norte del país. “Volvemos a una carga del 33% en el caso de la soja. Es un impuesto que desalienta la producción y que ya es prácticamente confiscatorio”, afirmó.
En declaraciones a FM Profesional, Figueroa explicó que los tiempos de cosecha en el NOA difieren de los del centro del país, por lo que muchos productores de la región quedarán excluidos de los beneficios que se habían dispuesto antes de la modificación. “Por nuestra fecha de trilla vamos a quedar fuera de cualquier compensación. Es una injusticia más que se suma a las tantas que sufrimos por no estar en la Pampa Húmeda”, remarcó.
El dirigente recordó que, junto a los titulares de las sociedades rurales de Tucumán y Jujuy, elevaron un pedido al Ministerio de Economía nacional para que se contemple la situación regional. “Hicimos todas las presentaciones necesarias, pero seguimos esperando respuestas. Necesitamos que el Gobierno nos escuche”, dijo.
Además de rechazar el nuevo esquema de retenciones, Figueroa insistió en que el campo continúa siendo uno de los principales aportantes a la economía nacional. “Seguimos generando ingresos para el Estado, pero sin reglas claras ni estabilidad, es muy difícil sostener la producción”, advirtió.
En ese sentido, volvió a plantear la urgencia de reglamentar el Ordenamiento Territorial de Bosques (OTB) en la provincia, una herramienta clave para ellos, de brindar seguridad jurídica al sector agropecuario. “Sin definiciones concretas, no hay condiciones para invertir ni desarrollarse. El campo necesita previsibilidad y un marco legal que le permita crecer”, concluyó.