Prohíben propaganda política en edificios estatales y escuelas
El Gobierno establece restricciones para evitar usos partidarios de recursos públicos y “protege la libertad de pensamiento en la educación”.
El Gobierno nacional prohibió la propaganda política en edificios públicos y en el ámbito educativo mediante dos decretos publicados en el Boletín Oficial.
Estas medidas buscan garantizar el uso imparcial de los recursos del Estado y proteger los derechos de los niños a una educación libre de ideologías partidarias.
Asimismo, los decretos establecen que los bienes públicos, tanto muebles como inmuebles, no se podrá utilizar para promocionar imágenes, ideologías, o afiliaciones políticas.
“Los recursos del Estado son públicos y deben estar al servicio de la comunidad, no de intereses particulares o partidarios”, afirmó el comunicado oficial.
Además, los edificios estatales solo podrán llevar el nombre de personalidades políticas o figuras históricas a partir de los 10 años de su fallecimiento o del hecho a conmemorar.
Se excluyen de esta norma quienes hayan llegado al poder mediante “actos de fuerza contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Protección en la educación
Sin embargo, en el ámbito educativo, se modificaron artículos de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Se establece que imponer ideologías político-partidarias en las escuelas vulnera la dignidad, integridad, educación y libertad de los estudiantes. “La libertad de pensamiento debe ser respetada en todos los ámbitos”, sostiene el decreto.
El Gobierno agregó que esta medida busca asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos en la infancia y evitar interferencias externas que afecten su desarrollo.
Denuncias ciudadanas
Para garantizar el cumplimiento de estas normas, se habilitó una sección en la plataforma Trámites a Distancia, donde los ciudadanos pueden denunciar irregularidades.
Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso con la neutralidad del Estado y la protección de los derechos fundamentales, especialmente en la educación.