Promulgaron la ley que declara la emergencia en discapacidad hasta 2026
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.793, que declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026.
Sin embargo, la aplicación de la ley quedó suspendida hasta que el Congreso determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional.
La decisión se tomó debido al impacto fiscal que implicaría la implementación de la ley. Se estima que la creación de una nueva pensión implicaría un gasto de $2.166.985.900.000 para el ejercicio 2025 y $4.706.628.500.000 para 2026.
Además, se calcula un gasto adicional para el programa Incluir Salud de $574.200.000.000 para 2025 y $1.239.266.000.000 para 2026. La compensación económica de emergencia para prestadores se calcula en $278.323.000.000. En total, la implementación de la ley demandaría un crédito presupuestario de $3.019.508.900.000, equivalente al 0.35 % del Producto Bruto Interno (PBI).
El Gobierno había vetado previamente la ley, argumentando que resultaba imprescindible que toda ampliación de prestaciones se diseñe con criterios de viabilidad financiera, responsabilidad institucional y sustentabilidad en el tiempo. Sin embargo, el Congreso rechazó el veto y ratificó el proyecto original por mayoría especial, lo que obligó al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional.
El Ejecutivo señaló que el presupuesto vigente de la Administración Nacional no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación. Incluso si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley. Esto resultaría insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas. Por ello, se suspendió la ejecución de la ley hasta que el Congreso precise de dónde se obtendrán los fondos.
La ley establece que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán acceder a una pensión no contributiva si no registran ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, no perciben planes similares y pasan una evaluación socioeconómica. Además, se contempla la actualización mensual automática de aranceles de prestaciones básicas y la protección de los prestadores.
Fuente: Ámbito Financiero