Proponen que cargos del servicio penitenciario sean ocupados por civiles
El Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia propuso modificar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario y el Comité de Prevención contra la Tortura de Salta solicitó que se busque garantizar la reinserción social.
En diálogo con Hora de Voces (FM Ya 91.3), el presidente del Comité de Prevención contra la Tortura de Salta, Rodrigo Sola, informó que la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario proviene desde la época de la dictadura.
“Creemos que el servicio penitenciario, para poder cumplir con la función de reinserción social, tiene que avanzar hacia que sea un organismo profesional, técnico. Nosotros proponemos inclusive que sea civil, porque vamos un paso más allá. Entonces para eso es necesaria la reforma de la ley”, expresó.
El proyecto de modificación hoy está en manos del ejecutivo, y el CPT presentó sus propuestas y solicitó tener una participación en el armado de la iniciativa, entendiendo que debe garantizarse que la modificación esté inspirada en los principios de los tratados internacionales de Derechos Humanos.
“Nosotros hemos planteado los objetivos, los principios generales y toda la estructura esa la modificó el Ministerio de Seguridad que nosotros todavía no pudimos acceder, pero si planteábamos que haya determinadas áreas que dependan de los personales civiles profesionales, por ejemplo lo que es educación y lo que es salud”, dijo.
Otro eje que plantearon fue que no puedan utilizarse armas hacia el interior del penal, sino solamente en los perímetros y en las zonas de máxima seguridad.
“Pensamos que inclusive después hay que avanzar como Chaco, por ejemplo, que ya lo hizo, en que los institutos de formación del servicio penitenciario ya dependan del Ministerio de Educación, entonces son institutos superiores como los terciarios que son los que le dan la formación, entonces ya es una formación civil con otra impronta”, remarcó.
Obras de ampliación del sistema carcelario
Días atrás, se llevó a cabo la reunión convocada por la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja y fue encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, y el presidente de la comisión de Seguridad y Participación Ciudadana, Germán Rallé.
En dicha reunión, se señaló que por gestiones del Ministerio de Seguridad ante Nación, la Provincia obtuvo el proyecto de obra de la ampliación de la Alcaidía General elaborado por el Plan Federal de Arquitectura Penitenciaria, lo que representó un ahorro de más de un millón de dólares para Salta. La obra se realizaría con capital privado.
Por otro lado, hizo hincapié en las reuniones que se llevaron a cabo con el ministro de seguridad y otras autoridades en torno al tema, y resaltó que ya se viene participando en la presentación de ampliación de la Alcaidía con un nuevo edificio y un proyecto de obra de un penal en Metán, en el sur de la provincia.
En cuanto a las posibilidades de que el proyecto cuentan con un financiamiento privado, expresó: “Conforme a la explicación del ministro, serian licitaciones públicas, en los que los privados que participen asuman el costo de la obra y que después se cobra un canon y se daría el recupero de esa obra, pero nos aseguró que la propiedad de esas obras serían de la provincia y que la gestión nunca va a salir de la gestión pública”.