Proponen que los bienes del Crimen Organizado se reutilicen en oportunidad social

El proyecto de ley que busca que los bienes incautados al crimen organizado sean reutilizados por la sociedad en Argentina surge a partir de experiencias internacionales, particularmente de Italia, según la entrevista que Nuevo Diario mantuvo con Lucas Manjón referente de la Asociación “Libera”. A partir de este enfoque exitoso se busca replicar el modelo e implementarlo en Argentina.

Orígenes de la iniciativa: el caso de Italia

En 1982, Italia fue uno de los primeros países en enfrentar al crimen organizado desde el plano legislativo, impulsando la confiscación de bienes a las mafias. La medida tenía un doble propósito: eliminar el poder económico de estas organizaciones y desmantelar el halo de poder que les otorgaban sus bienes. Sin embargo, inicialmente, los bienes incautados solo quedaban inutilizados, sin que se les diera un destino social.

En 1995, la asociación “Libera” impulsó una reforma para que estos bienes se reutilizaran en beneficio de la sociedad. Gracias a una campaña de recolección de firmas, lograron que el Parlamento italiano aprobara en 1996 una ley que creó un sistema para que los bienes fueran gestionados por el Estado y organizaciones sociales. Hasta la fecha, Italia ha recuperado y reutilizado unos 60.000 inmuebles, alcanzando un valor estimado de 40.000 millones de euros, convirtiéndose en un modelo exitoso en la lucha contra el crimen organizado. Aplicación en Argentina: un proyecto en marcha. En 2020-2021, la Unión Europea lanzó una convocatoria para financiar proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil en Argentina. La propuesta presentada por Manjón y sus socios –ACIJ, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la Fundación Multipolar, y el Círculo Jurídico de Argentina– fue seleccionada entre 300 propuestas, con un plan que se extenderá durante cuatro años.

El objetivo del proyecto es generar conciencia y promover una agenda política enfocada en la lucha contra el crimen organizado mediante la sanción de una ley que regule la gestión de los bienes incautados, creando una agencia que administre estos recursos de manera efectiva. Según Manjón, uno de los problemas actuales es la falta de un inventario sistemático de los bienes incautados en Argentina. “Al no haber un sistema, no se tiene científicamente probado cuánto hay”, expresó.

Salta y el narcotráfico: una realidad compleja

Manjón destacó la situación particular de Salta, una provincia estratégica en el narcotráfico debido a su cercanía con Bolivia. Ejemplos como el “Clan Loza”, un grupo narco que poseía propiedades en Salta, Mar del Plata, Buenos Aires y otros lugares, ilustran la magnitud de los bienes que podrían recuperarse.

El Hotel Loza en Salta fue reutilizado como refugio para personas con COVID durante la pandemia y, actualmente, se utiliza para alojar a fuerzas federales. Sin embargo, la falta de un sistema claro de gestión impide un aprovechamiento total de estos recursos. “El juez lo que te dice es: ‘¿a qué le doy a la comunidad? Frené 3 toneladas de grano, ¿quién se encarga de retirarlas, de mover el camión, de pagar la nafta?’”, señaló Manjón, resaltando la necesidad de una infraestructura estatal que facilite la reutilización de los bienes.

La falta de un sistema de registro y su impacto económico

En Argentina, la información sobre bienes incautados es fragmentaria y poco precisa. La Corte Suprema y el Ministerio de Justicia tienen registros que no coinciden entre sí, mientras que algunos jueces no informan a ninguno de los dos organismos. Según estimaciones de la consultora Analítica, solo en vehículos decomisados durante un periodo de siete años, la justicia habría manejado unos 40.000 millones de pesos. Con la inflación y la devaluación, esa cifra se estimaría actualmente en unos 100.000 millones de pesos. Sumando otros bienes, como campos, casas y depósitos, se proyecta un valor cercano a los 700.000 millones de pesos, lo que equivale al 0,4% del PBI argentino actual.

Los desafíos actuales

Uno de los mayores obstáculos es la antigüedad de la normativa que regula la administración de los bienes incautados, que data de 1974. Esto genera una falta de claridad sobre cómo se deben gestionar y distribuir estos recursos. Además, existe una centralización de los organismos estatales en Buenos Aires, lo que ralentiza la toma de decisiones y la implementación de medidas en otras provincias. En el caso de los granos incautados por contrabando, las comunidades originarias del norte de Salta han solicitado su uso para subsistencia, pero enfrentan trabas burocráticas. “Estamos echando a perder bienes perecederos mientras las comunidades tienen necesidades reales”, subrayó Manjón.

Una oportunidad social

Manjón destacó asimismo la colaboración en el proyecto del Juez Federal Sebastián Casanello quien además sostiene que “es una oportunidad de reparación social” y viene subrayando la necesidad de contar con un marco normativo adecuado para gestionar estos bienes. Y es que, para el magistrado, la implementación de este tipo de leyes requiere no solo la recuperación de los bienes, sino también su mantenimiento y administración, lo que puede ser complejo sin una estructura jurídica sólida.

La iniciativa propone la creación de un “Fondo de Restitución Social,” administrado por un ente autónomo y transparente, con el objetivo de que los bienes, en lugar de quedar en depósitos o ser subutilizados, se destinen a cubrir necesidades urgentes en la comunidad. Por ejemplo, podrían utilizarse para construir hospitales, escuelas o viviendas, marcando un cambio significativo en el uso de recursos que, hasta ahora, suelen permanecer fuera de la circulación social. Para asegurar la correcta administración y uso de estos bienes, el proyecto establece mecanismos de control y auditoría, fundamentales para mantener la trazabilidad y transparencia en la gestión de estos recursos. De esta manera, no solo se plantea una forma de reparar el daño causado por la delincuencia organizada, sino también un empoderamiento de las comunidades afectadas

De aprobarse el proyecto Argentina se convertiría en el segundo caso en el mundo, y el primero en Latinoamérica.

La casita azul

Se trata de un caso de restitución de bienes, en este caso en la ciudad de Mar del Plata. Durante 20 años el chalet conocido como “La Casita Azul” funcionó como centro de explotación sexual y trata de personas. En el año 2012, luego de la condena a quienes manejaban el lugar se conformó la Mesa Interinstitucional de Lucha contra la Trata con el objetivo de impulsar la expropiación del ex prostíbulo que no había sido decomisado en instancia de juicio. La iniciativa contempla la reconstrucción de La Casita Azul como sitio de memoria, que no quede anclada en el pasado, sino en diálogo permanente con el presente y apuntando a un futuro que busque ser más justo.

El caso del “Refugio”

“El Refugio” es un ex-búnker ubicado en la Villa 21-24 Zabaleta en Barracas que la Justicia decidió otorgarle a la Organización Familia Grande Hogar de Cristo, un permiso de uso gratuito.

Gracias a eso, desde 2022 funciona un centro de atención comunitaria que trabaja con niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad

Todos los días entre 20 y 50 chicas y chicos se reúnen a comer, realizan talleres de dibujo, música y también se brinda apoyo escolar.

También en diferentes horarios, El Refugio contiene a personas en situación de consumo tanto en su rehabilitación como en su reincorporación a la sociedad, mostrando de este modo la importancia de transformar los recursos recuperados.