Proponen restringir cargos superiores a personas con afiliación política reciente
Con el objetivo de despartidizar los órganos de control y jurisdicción, la diputada nacional Mercedes Llano presentó un proyecto de ley que establece un período de abstinencia política de diez años para quienes aspiren a ocupar cargos superiores en estos organismos.
La diputada nacional Mercedes Llano, representante de Mendoza por el Partido Demócrata y aliada de La Libertad Avanza, presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca garantizar la autonomía institucional de los órganos de control y jurisdicción del Estado.
La iniciativa propone que quienes aspiren a ocupar cargos superiores en estos organismos deben acreditar un período de abstinencia política de diez años.
Asimismo, el proyecto establece que los candidatos a estos cargos no deben haber estado afiliados a ningún partido político, ni haber sido precandidatos o candidatos, ni haber ocupado cargos electivos, de confianza política o de carrera dentro de cualquiera de los tres poderes del Estado nacional en la última década. Esta restricción no se aplicará a quienes hayan accedido a sus funciones mediante concurso público.
Además, Llano argumenta que la propuesta busca despartidizar organismos e institutos públicos, garantizando su autonomía y jerarquizando su composición con funcionarios idóneos.
La abstinencia política se plantea como un mecanismo de salvaguarda para preservar la neutralidad y la transparencia en la administración del Estado, asegurando que las decisiones se tomen en función del bien común y no de agendas personales o partidistas.
Respaldo de legisladores
La iniciativa cuenta con el respaldo de varios legisladores del mismo espacio político y fuerzas afines, entre ellos Alida Ferreyra, Paula Omodeo, Carlos García, María Emilia Orozco, Lilia Lemoine, Julio Moreno Ovalle y Lorena Villaverde.
Desde el entorno de Llano, se enfatiza que el propósito no es restringir derechos políticos, sino establecer criterios para asegurar la independencia de quienes deben controlar, juzgar o fiscalizar al Estado.
La propuesta se enmarca en una serie de reformas impulsadas por el oficialismo para fortalecer las instituciones y promover una gestión pública más transparente y eficiente.
Fuente: Infobae