Menos de dos años transcurrieron desde la última reforma parcial de la Constitución de la Provincia de Salta, en la que se introdujeron, entre los principales cambios, la limitación de las reelecciones del Gobernador, el Vicegobernador y los legisladores, y el establecimiento de un tope de diez años para el mandato de los jueces de la Corte de Justicia.
De esta manera, Salta dio un paso clave en la modernización de la institucionalidad. En el debate de ese momento —y en los anteriores— el planteo del pasaje a la unicameralidad legislativa estuvo lejos, e incluso postergado: no obstante, el presente de austeridad y motosierra profunda trae de nuevo el planteo al recinto, esta vez de la mano del ala liberal afín al saencismo, dejando abiertos interrogantes sobre un posible acompañamiento oficial a esta posibilidad.
Y es que este martes, la Cámara de Diputados de Salta debatirá un nuevo proyecto de ley que propone avanzar hacia una reforma parcial de la Constitución Provincial para eliminar el sistema bicameral vigente y establecer un sistema legislativo unicameral. La iniciativa, presentada por la diputada Griselda Galleguillos del bloque Frente Liberal Salteño, apunta a una transformación drástica del funcionamiento institucional, reduciendo el número de legisladores de los actuales 83 a solo 23.
El proyecto propone que cada departamento de la provincia tenga un único representante legislativo, electo de manera directa el mismo día en que se celebran las elecciones para gobernador y vicegobernador. De esta forma, se busca garantizar la representación territorial sin duplicidad de cámaras ni bancas, con el objetivo de optimizar el funcionamiento del Poder Legislativo y reducir el gasto público.
Un sistema adoptado en otras provincias
En los fundamentos del proyecto, Galleguillos señala que la propuesta se enmarca en una tendencia institucional que ya ha sido adoptada por la mayoría de las provincias argentinas. Entre ellas se encuentran Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, La Pampa, San Juan, Chaco, Chubut, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Representación y gasto público en debate
Uno de los ejes centrales del proyecto que será abordado este martes en el recinto es el ahorro en el gasto público. Aunque el texto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Legislación General ni de Hacienda y Presupuesto, el espíritu de la propuesta apunta a reducir los costos operativos del Poder Legislativo y redirigir esos recursos hacia áreas críticas como salud, educación, seguridad y obra pública.
“Tenemos una Legislatura con 83 legisladores en una provincia donde la pobreza estructural y las desigualdades siguen siendo enormes. Esta propuesta busca racionalizar el Estado, sin sacrificar la representatividad territorial de los departamentos”, argumentó Galleguillos ante sus pares, anticipando el debate.
Actualmente, en Salta, cada departamento elige un senador y, dependiendo del tamaño poblacional, una cantidad variable de diputados. El sistema bicameral -conformado por 60 diputados y 23 senadores- implica, según sus detractores, una duplicación innecesaria de estructuras, gastos, y procesos legislativos. La propuesta de Galleguillos pretende simplificar la estructura institucional a través de una representación directa, igualitaria y más austera.
Complejo, pero posible
El proyecto impulsado por la legisladora de Rosario de Lerma implica una reforma parcial de la Constitución Provincial, lo que requiere un procedimiento legislativo específico y una convocatoria a una Convención Constituyente.
A diferencia de otras iniciativas, como la del PRO salteño que propone consultar a la ciudadanía a través de mecanismos de participación directa como la consulta popular vinculante, este proyecto avanza directamente con la propuesta de modificación constitucional sin que hasta el momento se haya mencionado un plebiscito.
Aunque todavía resta el tratamiento en el recinto este martes, y la definición del procedimiento que permitiría su avance, la propuesta vuelve a colocar en el centro del debate legislativo la necesidad -y posibilidad- de modernizar el sistema político salteño y recortar gastos del Estado.
Se espera escuchar los argumentos por parte del oficialismo provincial sobre la posibilidad de avanzar sobre la iniciativa o devolverla al cajón.