Proveedores Mineros protestan por desmanejos e irregularidades: Apuntan a Vacazur
A través de una solicitada pública, proveedores mineros de la Puna alertaron sobre el deterioro del modelo productivo provincial y reclamaron en Casa de Gobierno.
En la solicitada, se expresó una “profunda preocupación por el rumbo que ha tomado el modelo minero en la provincia de Salta”.
El documento, dirigido al Gobierno provincial, a la Secretaría de Minería, a la Inspección General de Personas Jurídicas y a la sociedad en general, denunció una serie de prácticas irregulares. Asimismo, exigió medidas urgentes para restituir un desarrollo minero justo, equitativo y con identidad territorial.
Tras la publicación de esta solicitada, los proveedores mineros se manifestaron frente a la Casa de Gobierno en Grand Bourg. Allí, se hicieron presentes más de 100 personas para hacer escuchar su reclamo.
Entre los principales puntos señalados, la comunidad denuncia el incumplimiento sistemático de la Ley Provincial de Promoción Minera N° 8.164. Puntualizaron en lo referido a la contratación de mano de obra y proveedores locales. Según detallan, se está favoreciendo a empresas foráneas sin arraigo territorial, mientras se excluye a emprendimientos con presencia real y trayectoria en la región.
Además, advierten sobre graves falencias en el Registro de Proveedores Mineros de la Provincia. En ese sentido, aseguraron que permite la inscripción de empresas “fantasmas” y de prácticas empresariales desleales, como la simulación de localía.
Un caso emblemático mencionado en la solicitada es el de empresas vinculadas al empresario Luis Vacazur. Sobre ello, afirmaron que esa forma de operar “contradice los principios de equidad y compromiso territorial” y perjudica a familias locales que vienen invirtiendo en capacitación y servicios en la región.
Este empresario construyó un “imperio” en la Puna salteña con apoyo de grandes empresas nacionales y alianzas políticas que le permitieron desplazar a los proveedores locales y concentrar servicios vinculados a la minería.
Aunque se presenta como defensor del territorio, habilitó la entrada de firmas foráneas como Cookins y Cruz del Sur, y articuló con sindicatos como la UOCRA Puna para excluir a trabajadores de la zona.
Impuso su influencia en la Cámara de Proveedores Mineros y sumó sociedades en múltiples rubros junto a funcionarios que facilitaron sus negocios. Mientras tanto, las comunidades lo acusan de facilitar el saqueo de los recursos naturales sin rendir cuentas.
Las comunidades también alertan sobre maniobras extorsivas y direccionamiento de licitaciones a través de la UOCRA, actualmente intervenida desde Buenos Aires, lo cual consideran una intromisión que “vulnera la transparencia, la autonomía local y los derechos de trabajadores independientes y proveedores de la zona”.
Otro punto crítico de la solicitada es el reciente proceso electoral en la Cámara de Proveedores Mineros, calificado como “fraudulento, carente de transparencia e inclusividad”. En ese sentido, exigen a la Inspección General de Personas Jurídicas la revisión inmediata de dicha elección.
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Frente a este escenario, exigieron:
- La revisión y cumplimiento efectivo de la Ley 8.164.
- Una auditoría integral del Registro de Proveedores Mineros.
- La investigación de las prácticas extorsivas vinculadas a la UOCRA.
- La intervención urgente en la Cámara de Proveedores Mineros.
- La reconstrucción de un modelo minero con identidad, equidad y respeto a los pueblos originarios.
“Nos mantenemos en estado de alerta, movilización y exigencia de diálogo real, con participación comunitaria y sin intermediarios impuestos desde afuera”, finalizó el comunicado.