Proyecto de Granja porcina en La Merced dispara alertas sanitarias, ambientales y sociales

La Municipalidad de La Merced abrió el debate público sobre la posible instalación de una granja porcina de gran escala en inmediaciones del paraje El Cerrito, sobre la Ruta Provincial 21. La convocatoria a audiencia pública, lejos de despejar dudas, activó una serie de alertas entre vecinos y organizaciones que advierten sobre riesgos sanitarios, ambientales y sociales asociados a este tipo de emprendimientos productivos.

La discusión no es nueva ni aislada. La experiencia acumulada en otras provincias argentinas y en distintos países muestra que las granjas porcinas industriales no solo implican animales y empleo. También traen consigo impactos persistentes sobre el entorno y la vida cotidiana de quienes habitan cerca: olores constantes, residuos de difícil control, presión sobre el agua disponible y efectos en la salud humana y animal.

Aire, salud y convivencia cotidiana

Uno de los puntos más sensibles es la calidad del aire. La acumulación de excrementos y efluentes propios de la producción porcina intensiva genera gases como amoníaco e hidrógeno sulfuroso, responsables del olor penetrante que caracteriza a estos establecimientos. Estudios publicados en revistas de salud pública advierten que la exposición prolongada a estos gases puede provocar irritación ocular y de garganta, dolores de cabeza, náuseas y problemas respiratorios, con mayor impacto en niños, adultos mayores y personas con asma u otras afecciones pulmonares. Las consecuencias no se limitan al predio productivo. Investigaciones realizadas en zonas rurales con producción porcina intensiva indican que los vecinos que viven en las inmediaciones presentan mayor frecuencia de síntomas respiratorios, estrés y malestar general, aun sin desempeñarse laboralmente en las granjas.

Residuos y agua

El manejo de los residuos aparece como otro eje crítico. Las granjas porcinas generan enormes volúmenes de desechos líquidos y sólidos que, si no cuentan con un tratamiento adecuado y controles permanentes, pueden filtrarse al suelo y contaminar napas subterráneas. Informes ambientales señalan que el exceso de nitrógeno y fósforo proveniente de estos residuos terminan deteriorando la calidad del agua destinada al consumo humano y al uso agrícola. En ese punto, el debate adquiere una dimensión local concreta. La abogada proteccionista especializada en derecho animal, Carmen Céspedes Cartagena, advirtió en diálogo con Nuevo Diario, que la instalación de este tipo de emprendimientos implica una fuerte presión sobre un recurso que ya es escaso en muchas localidades salteñas. “La gran cantidad de agua que se utiliza tanto para alimentar como para limpiar los desechos de las granjas de cerdo es agua que se le quita a la sociedad. No todas las comunidades tienen una distribución de agua equitativa. En Tartagal es un desastre la cuestión del agua y en La Merced tampoco es que haya para desperdiciar y utilizar en gran medida”, señaló.

Los riesgos de la producción intensiva

Los riesgos también alcanzan a quienes trabajan en estas granjas. Diversos estudios médicos describen que los empleados están expuestos de forma constante a polvo orgánico, bacterias y gases tóxicos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias crónicas y otras afecciones de largo plazo. En algunos entornos productivos incluso se detectó la presencia de bacterias resistentes a antibióticos, un fenómeno que preocupa a la comunidad científica por su impacto en la salud pública.

Céspedes Cartagena cuestionó además el modelo productivo que suelen impulsar estos proyectos. “No se trata de la producción rural tradicional como la conocíamos antes, sino de una producción más genética e industrial”, explicó, y detalló prácticas que generan alarma desde el punto de vista ético y sanitario. “Se utiliza la gonadotropina coriónica, una hormona que se extrae de yeguas preñadas y se les injerta a las cerdas para acelerar los ciclos reproductivos. Imaginate ese tipo de producción y lo que puede generar después en lo que consumen las personas”, advirtió.

Impactos colaterales y fuertes cuestionamientos

Más allá de los aspectos sanitarios y ambientales, la abogada puso el foco en impactos colaterales poco discutidos. “El daño no es solo ambiental. Está la cuestión de las heces, los gases, pero también el chillido de los cerdos cuando son carneados. Es tremendo y genera consecuencias en los animales del entorno”, relató. Según explicó, los caballos que viven cerca de chancheras pueden sufrir estrés, traumatizarse y reaccionar de manera violenta ante esos sonidos. “Después los dueños no entienden por qué el caballo se escapa o se pone brioso, pero es una consecuencia directa”, afirmó, y contó un caso concreto de un animal rescatado que reaccionaba de manera extrema ante esos ruidos.

Desde una mirada más amplia, Céspedes Cartagena cuestionó el sentido social de la inversión. “Habría que preguntarse cuál es la necesidad de que el municipio invierta dinero en esto y cuál sería el beneficio real para la comunidad. Hay otras necesidades mucho mayores que atender”, sostuvo. También recordó antecedentes en la provincia, como intentos de instalación de granjas porcinas a gran escala en General Güemes, que fueron frenados tras la intervención de organizaciones y el rechazo social.

La audiencia pública convocada por el municipio abre una instancia formal de participación, pero el debate ya está instalado en la comunidad. La discusión excede el sí o el no a un proyecto puntual: pone sobre la mesa el modelo de desarrollo que se busca para La Merced, el uso de los recursos naturales, la protección de la salud y la convivencia con el entorno rural.

Por lo pronto, vecinos y especialistas reclaman información clara, estudios de impacto ambiental rigurosos y una evaluación integral que contemple no solo los beneficios económicos prometidos, sino también los costos sociales, sanitarios y ambientales que, una vez instalados, suelen ser difíciles de revertir.