Reabren investigación contra la diputada Orozco por presuntos aportes a LLA
La diputada nacional vuelve a estar en la mira judicial. La Fiscalía de Impugnación Nº 2 ordenó profundizar una causa que la vincula con exigencias económicas a funcionarios públicos.
Esta situación surge por nuevos audios y la difusión nacional del caso que reavivan la polémica.
El frente político de La Libertad Avanza en Salta enfrenta nuevamente un escándalo que ya trascendió las fronteras provinciales. La fiscal de Impugnación Nº 2, Mónica Poma, resolvió reabrir la investigación contra la diputada nacional Emilia Orozco por presuntos aportes compulsivos destinados a sostener la estructura partidaria.
La decisión judicial contradice la resolución inicial de un fiscal de primera instancia que había desestimado la denuncia por considerarla “un conflicto de índole privada”.
La denuncia que reactivó la causa
El expediente se inició a partir de la presentación de Cristian David Achaval, exdirector de la oficina de ANSeS en Metán.
El dirigente denunció que, tras asumir en septiembre de 2024, referentes libertarios le exigieron entregar hasta un 10% de su salario mensual. Según su testimonio, los pagos podían hacerse a través de asesores, por medio de cuentas vinculadas al partido Ahora Patria o en efectivo en sedes políticas.
Achaval sostuvo además que recibió presiones directas de Emilia Orozco, a quien señaló por maltratos telefónicos y pedidos de realizar tareas proselitistas en el ámbito del organismo previsional. “Vi cómo a un compañero lo hicieron renunciar por no aportar”, declaró en alusión a Gustavo Pantaleón, exdirector de ANSeS Salta Norte.
El denunciante aseguró contar con audios y documentos que respaldan sus acusaciones, pruebas que ahora formarán parte de la investigación reabierta.
La decisión de la Fiscalía
La fiscal Poma consideró insuficiente el cierre de la causa y ordenó avanzar con nuevas medidas.
Entre ellas, pidió informes a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal y a la propia conducción de La Libertad Avanza sobre los mecanismos de financiamiento partidario.
El objetivo es establecer si los aportes reclamados a funcionarios públicos se enmarcan en la normativa electoral vigente o si constituyen un esquema de extorsión y abuso de poder.
De este modo, la investigación seguirá su curso no solo contra Orozco, sino también sobre otros referentes libertarios de la provincia, como Carlos Zapata y Ricardo Ortega.
Audios y repercusión en medios nacionales
El caso tomó mayor notoriedad tras un informe del programa WiFi en A24. El periodista Nicolás Wiñazki difundió un audio en el que se escucha a Ricardo Ortega, asesor de La Libertad Avanza, exigirle a Achaval aportes de su salario.
En la grabación, Ortega argumenta que “la casa de La Libertad Avanza no se mantiene sola, hay que juntar para pagar la luz y el gas”, y le reclama un 5% del sueldo más un 5% del POA.
“Estoy cobrando todo”, se lo oye decir.
Achaval señaló también al exdiputado Alfredo Olmedo, jefe del partido libertario en Salta, como parte de la estructura que impulsaba estos cobros.
Según reveló el periodista Santiago Fioriti en el mismo programa, los pagos eran exigidos en efectivo y se habrían registrado casos de despidos a empleados que se negaban a cumplir. La revelación generó fuerte repercusión en la escena nacional, donde ya se hablaba de supuestas irregularidades en otros organismos del Estado.
El escándalo recuerda al caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), donde semanas atrás trascendieron denuncias similares sobre pedidos de coimas y aportes indebidos. Un 3% estaría destinado para Karina Milei.
Impacto político
La reapertura de la causa coloca nuevamente a Orozco en el centro de la polémica y compromete la imagen de La Libertad Avanza en Salta, un distrito clave en el armado libertario del norte argentino.
El proceso judicial podría derivar en imputaciones por extorsión, abuso de poder o violaciones a la legislación electoral, dependiendo de lo que arrojen las pruebas en curso.
Con la investigación en marcha y la difusión mediática nacional, el caso promete seguir generando tensión política y judicial en torno a la figura de Orozco y a la conducción de La Libertad Avanza en la provincia.