Rechazo a la jueza Ada Zunino como posible Defensora General
La Asamblea Lesbotransfeminista de Salta difundió un pronunciamiento en el que expresa preocupación por el eventual nombramiento de la jueza de Garantías Ada Guillermina Zunino.
Señalan antecedentes que, a su entender, resultan incompatibles con una conducción del organismo con perspectiva de género y derechos humanos.
Rechazo de organizaciones de derechos humanos
La posible designación de la jueza Ada Guillermina Zunino como Defensora General de la Provincia generó cuestionamientos por parte de organizaciones feministas y de diversidad sexual, que reclamaron mayor debate público en torno al proceso legislativo que analiza el Senado provincial. El planteo fue difundido a través de un pronunciamiento público de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta, que expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” ante la eventual designación de la magistrada al frente de la Defensa Pública provincial.
En el documento, las organizaciones recuerdan que la Defensoría General constituye un organismo central dentro del sistema judicial, encargado de garantizar el acceso a la justicia de sectores históricamente vulnerados, entre ellos mujeres, personas LGBTIQ+, niñeces, comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.
Por esa razón, sostienen que la conducción del organismo requiere no solo idoneidad técnica sino también un compromiso claro con los derechos humanos y con la perspectiva de género y diversidad.
Cuestionamientos
En su pronunciamiento, las organizaciones firmantes señalan que existen antecedentes públicos en la actuación judicial de la magistrada que, a su entender, evidencian criterios alejados de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Según indicaron, la eventual designación de Zunino genera “fundadas dudas” respecto de su compromiso con la ampliación de derechos y con la defensa de los sectores más vulnerables.
Ada Guillermina Zunino se desempeña actualmente como jueza del Juzgado de Garantías N.º 1 del Distrito Judicial Centro de Salta, cargo desde el cual interviene en audiencias de imputación, medidas cautelares y resoluciones vinculadas al proceso penal. A lo largo de su carrera dentro del Poder Judicial provincial también ocupó funciones en otros fueros, particularmente en el ámbito civil y de familia en el norte de la provincia, antes de su traslado al fuero penal en la capital. En los últimos años su figura cobró notoriedad pública por algunas intervenciones y declaraciones en torno al funcionamiento del sistema penal. Entre ellas, generaron controversia sus declaraciones en las que se manifestó a favor de debatir la pena de muerte en Argentina frente al incremento de delitos violentos. En ese contexto, Zunino sostuvo que en la provincia existen “hechos aberrantes” que obligan a discutir castigos mucho más severos. Según planteó, los delitos actuales se han vuelto “mucho más violentos, más intrincados, más sádicos y más graves”, lo que a su entender expone la necesidad de repensar el sistema penal vigente. La magistrada mencionó como ejemplo de esa escalada de violencia el caso de Marcelo Torrico y afirmó que existen otros crímenes en Salta “aún más aberrantes” que, aunque no tuvieron la misma repercusión mediática, resultan “realmente escalofriantes”. En esa línea, sostuvo que el Código Penal argentino se encuentra “totalmente parchado” y que las penas actuales quedaron desactualizadas frente a la brutalidad de ciertos delitos. Sus declaraciones reabrieron un debate sensible dentro del ámbito jurídico y político.
Debate en el Senado
El pliego para la designación de la nueva titular de la Defensa Pública provincial se encuentra actualmente en tratamiento en la Comisión de Justicia del Senado de Salta, que deberá entrevistar a la postulante antes de emitir dictamen. Desde la Asamblea Lesbotransfeminista señalaron que la elección de la Defensora General no puede reducirse a un trámite administrativo, ya que se trata de la autoridad encargada de conducir el organismo que garantiza la defensa jurídica de quienes no pueden acceder a representación privada. En ese marco, convocaron a organizaciones sociales, feministas y de derechos humanos a seguir de cerca el proceso de designación.
“Sin perspectiva de género y derechos humanos no hay justicia”, señalaron en el pronunciamiento, al tiempo que reclamaron que la conducción de la Defensa Pública esté a cargo de perfiles con trayectoria en la defensa de los sectores más vulnerables.



