Rechazo al veto: “Ganó la empatía y la dignidad de las personas con discapacidad”
El rechazo al veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso nacional fue recibido con alivio y esperanza por referentes del sector en Salta, quienes destacan el valor simbólico y político de la medida, aunque advierten que el desafío será lograr su implementación efectiva frente a la amenaza de judicialización por parte del Gobierno nacional.
Luis González, referente de Padres TGD-TEA Salta, señaló a Nuevo Diario que la votación de ambas Cámaras marcó un freno a un “genocidio social” denunciado desde el inicio de la gestión libertaria. “Más que una derrota de Milei, lo que ganó fue la empatía”, afirmó. González subrayó que el rechazo al veto “puso un límite a la caza de brujas, las auditorías a mansalva y el avasallamiento inconstitucional de los derechos de las personas con discapacidad”. Ademar Anachuri, presidente de la Asociación de Transportistas del sector de la discapacidad en Salta, también valoró el resultado parlamentario: “Fue fruto de la movilización en Salta y en todo el país. Nos preocupa que el Gobierno nacional judicialice esta norma. Quiera Dios que ningún juez la declare inconstitucional. Si senadores y diputados votaron dos veces, es porque la emergencia es real”.
“No basta con la ley”
Desde una mirada de derechos humanos, Giselle Sánchez, coordinadora de la institución “Ayúdame a Crecer”, advirtió que el desafío es que la ley no quede en lo simbólico: “Una ley sin implementación es una promesa vacía. El Ejecutivo tiene la obligación de reglamentar y garantizar recursos para que esta norma se traduzca en inclusión real”.
Por su parte, Karina Alegre, presidenta de la Fundación de Rehabilitación Neurológica Divino Niño de San Lorenzo, destacó la trascendencia del momento: “Estamos muy contentos. Esta ley significa que, al menos hasta 2026, se garantizarán derechos y se trabajará en compensaciones y actualizaciones. Llevamos meses con sueldos congelados y centros de día cerrados por falta de recursos. Esto puede cambiar esa realidad”.
Alegre recordó que 21 jóvenes con parálisis cerebral, que forman parte del hogar que dirige, quedaron sin instituciones por los cierres. “Ellos tienen derecho a asistir a un centro de día y a rehabilitación como cualquier chico. Esta ley nos da fuerza para seguir luchando. Hoy ganó la dignidad de las personas con discapacidad”, expresó.