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Refinanciará Plan Bicentenario y tomará deuda para obras

El Senado de Salta dio sanción definitiva este jueves a dos operaciones financieras por hasta US$250 millones con objetivos diferentes: un préstamo de US$100 millones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) para ejecutar obras de infraestructura y la emisión de un título de deuda pública por hasta US$150 millones para afrontar vencimientos del Plan Bicentenario.

Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad en una sesión con 19 senadores presentes y quedaron en condiciones de ser promulgadas por el Poder Ejecutivo.

La autorización por US$150 millones no tiene como destino financiar nuevas obras ni gastos corrientes.

La ley establece que los recursos netos obtenidos deberán utilizarse exclusivamente para pagar amortizaciones de capital e intereses pendientes del Título Público Plan Bicentenario, correspondientes a los vencimientos de diciembre de 2026 y junio y diciembre de 2027.

Se trata de una deuda originada durante la gestión de Juan Manuel Urtubey. La Ley 7.931, sancionada en junio de 2016, autorizó entonces operaciones de crédito por hasta US$350 millones para el denominado Plan Bicentenario, cuyos recursos estaban destinados principalmente al financiamiento de obras públicas, adquisición de maquinaria y equipamiento.

Durante el tratamiento, el senador por Orán, Juan Cruz Curá, sostuvo que la nueva colocación apunta a refinanciar los compromisos que enfrenta la Provincia y obtener mayores plazos y mejores condiciones en el mercado de capitales.

Según afirmó, cuando Gustavo Sáenz asumió la Gobernación en 2019 el stock de deuda provincial rondaba los US$640 millones y desde entonces se redujo de manera significativa.

Curá consideró que la operación no incrementaría el stock de deuda porque los fondos estarán dirigidos a cancelar obligaciones ya existentes.

La norma, en efecto, fija como destino exclusivo de la emisión los servicios pendientes del Plan Bicentenario, aunque jurídicamente habilita la colocación de un nuevo título de deuda pública en dólares.

La Provincia podrá garantizar su pago mediante recursos provenientes de la Coparticipación Federal.

En paralelo, el Senado convirtió en ley la autorización para contratar hasta US$100 millones con el BIRF para el proyecto “Infraestructura resiliente para el desarrollo económico regional y la creación de empleo – Salta”.

El financiamiento tendrá un plazo de amortización de 32 años, siete años de gracia y desembolsos previstos durante seis años.

También en este caso podrán afectarse fondos de la Coparticipación Federal como garantía.

El programa ya había sido aprobado en julio por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial.

Entre las intervenciones proyectadas aparecen la rehabilitación de 24 kilómetros de la ruta nacional 51, entre Campo Quijano y Los Chorrillos; mejoras en infraestructura logística en General Güemes; obras de agua y saneamiento en localidades de la Puna y acciones para modernizar la gestión vinculada al sector minero.

Curá vinculó esa inversión con el desarrollo del Corredor Bioceánico y señaló que tendrá impacto directo en departamentos como Los Andes, General Güemes y Rosario de Lerma.

Según planteó, la infraestructura busca acompañar el crecimiento minero y mejorar las condiciones para que esa actividad se articule con otras economías regionales.

Con la sanción del Senado, las dos leyes pasan ahora al Poder Ejecutivo.

Piden por la Ruta 7

El senador Daniel Moreno, pidió al Ejecutivo provincial que gestione ante Vialidad Nacional y el Ministerio de Economía de la Nación la intervención de la Ruta Nacional 9.

La iniciativa solicita el ensanchamiento del tramo comprendido entre el puente sobre el río Vaqueros y el ingreso a La Caldera. La propuesta contempla obras complementarias de un metro a cada lado, sumando dos metros a la calzada actual.

Moreno también solicitó cuatro motocicletas para reforzar el trabajo policial: dos destinadas a la Comisaría de Vaqueros y otras dos para la Subcomisaría de La Caldera.

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