Requieren juicio para los 27 imputados por la estafa de Ríos & Asociados

Ríos & Asociados comenzó a operar en junio de 2021 en la ciudad de Metán, y, posteriormente, abrió una sede en la ciudad de Salta. Funcionaba de manera articulada con personal policial, conformando la figura de asociación ilícita, con la modalidad de estafa de Esquema Ponzi.

La fiscal penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, requirió la elevación a juicio para 27 imputados en la causa de la financiera ilegal “Ríos & Asociados S.A.”. Entre ellos, 13 efectivos de la Policía de la provincia.

En los fundamentos de la acusación, la fiscal sostuvo que están suficientemente acreditados los delitos de estafas reiteradas y falsedad de instrumentos privados. El total de hechos es de 849.

Físicamente, la financiera funcionaba en un local ubicado en Avenida Bicentenario N° 1330, local 27, de la cuidad de Salta. El local cobró relevancia en el 2022, debido a la concurrencia masiva de personas durante todo el día. Allí, se tornó de público conocimiento que miembros de las fuerzas de seguridad (policial y penitenciaria) estaban efectuando importantes inversiones.

Para ello entregaban sus rodados o comprometían sus sueldos con préstamos personales para efectuar las inversiones. Esto, ante la promesa de obtención de una ganancia cuantiosa, cuyo periodo de inversión y margen de ganancia se presentaba como insuperable,

Los imputados

Tras la investigación, la UDEC requirió juicio a los siguientes imputados:

• Cynthia Elizabeth del Valle Moya: Delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado, en concurso ideal y en calidad de jefe/organizador del delito de asociación ilícita, en concurso real;
• Alejandra Macarena Párraga, Ana Macarena Párraga, Cristina Florencia Laguna, Efraín Omar Hernando, Gustavo David Hernando, Martín Ezequiel Espejo, Sergio Eduardo Bonifacio Ramos, Zulma Yanina Joana Correa, Eduardo Ramiro Chocobar, Elizabeth Antonella Leal, Lucas Matías Laguna, Alicia Martín y Leonardo Cristian Hernando, por los delitos de estafas reiteradas (849 hechos) y falsedad de instrumento privado (849 hechos), en concurso ideal, la cual concurre en forma real con el delito de asociación ilícita;
• Javier Maximiliano Juárez, por el delito de estafa (un hecho) y falsedad de instrumento privado (un hecho), en concurso ideal y asociación ilícita, en concurso real;
• Fabricio Nieva, Guillermo Alberto Nieva, Manuel Justino Reynaga, Edgardo Ariel Velazco y Humberto Alejandro Rodríguez por los delitos de asociación ilícita y abuso de autoridad, en concurso real;
• María Eugenia Espinosa, por los delitos de asociación ilícita y peculado, en concurso real;
• Alberto Sebastián Giménez, por el delito de asociación ilícita;
• Nidia de los Ángeles Valdéz, por el delito de encubrimiento por ocultamiento de dinero, agravada por su condición de funcionaria pública;
• Emanuel Jonathan Pardo Tárraga, por los delitos de violación de secreto y encubrimiento por favorecimiento personal, agravada por su condición de funcionario público, en concurso ideal;
• Juana Manuela Gorriti, Hugo Carlos Dante Moya Gorriti y Antonio Francisco Acosta por los delitos de encubrimiento por ayudar a asegurar el producto del delito, agravado por actuar con ánimo de lucro.
• Asimismo, se solicitó la declaración de rebeldía de Melisa del Valle Maciel. Esta imputada no compareció y no pudo ser localizada, a pesar de las diligencias realizadas por UDEC.

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NOTA RELACIONADA: Imputan a Cinthia Moya, líder de la financiera Ríos & Asociados, por estafa

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Modus operandi

Los acusados ofrecían a los damnificados participar en inversiones que prometían importantes ganancias en corto plazo, afirmando que operaban en el mercado bursátil, criptomonedas, entre otros instrumentos financieros.

Para concretar la maniobra fraudulenta, los acusados suscribían un contrato de inversión por cada operación. La legitimidad era aparentada mediante la firma de un supuesto presidente del ente societario. Este documento utilizado como elemento de engaño, inducía a error a las víctimas, haciéndole creer que recibirían, lo que se enmarca en una maniobra estafatoria.

Esta estrategia les permitió captar a una importante cantidad de víctimas, quienes confiando en la promesa de rentabilidad, realizaron importantes aportes en dinero y/o bienes, como vehículos y motocicletas.

El esquema PONZI

La maniobra desplegada por los imputados configura una estafa piramidal. La metodología consiste en ofrecer altos retornos en corto plazo, utilizando parte del dinero de los nuevos inversores para pagar a los antiguos. Así, se da apariencia de que el negocio es rentable y pueden quedarse con un gran volumen de dinero. Este sistema funciona de manera regular, cumpliendo con los pagos acordados, hasta que dejan de ingresar nuevas víctimas. En ese momento, el esquema colapsa, ya que nunca existió un verdadero mecanismo para generar beneficios, ni ganancias. Ello constituye lo que se conoce como una estafa bajo el Esquema Ponzi. Por lo general, estos esquemas requieren una inversión inicial y prometen rendimientos superiores al promedio ofrecido en la plaza financiera.

Conforme a lo investigado por el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), la constitución de 849 contratos permitió a los acusados obtener un total de 513.318.730 de pesos y 510.131 dólares. Una parte del dinero obtenido por los imputados fue utilizada para la adquisición de vehículos 0 km. de alta gama y otros elementos.

La fiscal concluyó en el requerimiento que surge la configuración del delito de estafas reiteradas y falsedad documental, con 849 hechos en concurso ideal. Además, se configura el delito de falsificación de documentos, debido a que los imputados actuaron con dolo, conscientes de la falsedad de los contratos entregados a las víctimas y el perjuicio ocasionado.