Residente de General Pizarro cuestiona proceso de desalojo en tierras de la Reserva
El productor afirma haber sido reconocido como poseedor legítimo por el Estado en 2005. Parques Nacionales niega la intención de compra y ahora busca ejecutar el desalojo
Santos Cuellar, residente de 71 años en la localidad de General Pizarro, departamento Anta, enfrenta una orden de desalojo emitida por la Administración de Parques Nacionales.
El productor vive en una finca que, según sostiene, perteneció a su familia desde hace varias generaciones y sobre la cual posee documentación que respalda su ocupación prolongada y pacífica.
Cuellar afirma haber habitado el lugar durante más de cinco décadas, tiempo en el que desarrolló actividades agrícolas y ganaderas junto a su familia.
Asegura que en 2005 firmó un acta en la que el Estado le reconoció su condición de poseedor legítimo y que en 2016 recibió una oferta formal para vender su propiedad, la cual aceptó, aunque posteriormente la Administración Central informó que no concretaría la compra.
Conflicto territorial
En abril de este año, el productor recibió un ultimátum proveniente de un organismo con sede en Formosa, dándole un plazo de 30 días para dejar el terreno. Según Cuellar, el intendente de la Reserva Nacional Pizarro, Ernesto Sucunza, le comunicó que, en caso de no retirarse, intervendrían fuerzas de seguridad.
Cabe destacar que, el conflicto se desarrolla dentro del área de la Reserva Nacional Pizarro, creada mediante la adquisición de terrenos con fondos públicos.
Cuellar sostiene que su finca fue excluida del proceso de compra a pesar de encontrarse dentro del área delimitada. A raíz de esto, cuestiona la transparencia del procedimiento y solicita una investigación.
También denunció episodios anteriores que, según su testimonio, incluyeron el retiro de madera sin orden judicial y un intento de vincularlo a actividades ilegales. Presentó un descargo formal con planos y documentación que, asegura, respaldan su derecho a permanecer en el lugar.
Actualmente, el caso permanece en instancia administrativa, con Cuellar a la espera de una respuesta oficial que tenga en cuenta la situación legal que expone.