Resuelven un grave caso de trata laboral de 18 personas abonando una indemnización
Contratados para hacer trabajos de despale en una finca de Santa Victoria, 18 trabajadores captados de comunidades aborígenes vivieron condiciones casi de esclavitud.
Tres de ellos, al huir para buscar ayuda, fueron perseguidos por la noche. El caso, no obstante, se resolvió con un pago de más de dos millones de pesos para cada víctima.
En el marco de un grave caso de trata laboral, el juez de Revisión, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, homologó un acuerdo de reparación que redundará en un importante beneficio económico para 18 víctimas.
El convenio -formalizado el 23 de junio pasado- establece un pago total de 36 millones de pesos, más un ajuste por inflación de 500 mil pesos, dinero que será repartido en cantidades iguales entre los 18 afectados. El pago se acordó de manera escalonada, en un plazo de 90 días.
A instancia del juez, en tanto, se incorporó al acuerdo la obligación de tareas comunitarias a cargo del imputado, Jesús Isauro Erazo, quien deberá cumplir con tareas de limpieza y cuidado en un hogar de ancianos de Tartagal por cuatro horas semanales, durante un período de seis meses.
Los términos de la reparación propuesta y los aspectos tenidos en cuenta para encaminar la resolución de conflicto mediante esta salida alternativa, fueron expuestos por la fiscal Lucía Orsetti, a cargo de la Sede Descentralizada de Tartagal.
Adhirieron a su postura, el Defensor Público de Víctimas, Nicolás Escandar y el abogado Juan Martín Crosa, en representación del imputado, quien también dio a conocer en la audiencia su conformidad al acuerdo y expresó su compromiso en cumplirlo.
Al presentar el caso, la fiscalía explicó que Erazo fue imputado como autor del delito de trata de personas con fines de explotación laboral, bajo la modalidad de captación, traslado y acogimiento.
Una denuncia anónima
Tras una denuncia anónima a la línea 145, del Programa de Rescate de Víctimas de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación, se logró poner a salvo a los obreros, con la intervención de personal de Gendarmería Nacional, entre otros órganos de contralor y asistencia de víctimas.
A su vez, se constató las precarias condiciones a las que fueron sometidos los trabajadores durante un lapso de 40 días, se acumularon fuertes evidencias y se avanzó con la imputación penal de Erazo, la que calificó de “muy grave”.
En ese marco, mencionó varios indicadores de este tipo de delito, entre ellos el estado de vulnerabilidad de las víctimas. En tal sentido, resaltó aspectos del informe emitido por psicóloga Verónica Olguín Rufino, a cargo del Área de Víctimas de la Unidad Fiscal, quien indicó que las personas ya tenían indicadores de vulnerabilidad de forma previa. Mencionó la falta de acceso a todos los derechos fundamentales básicos, como la vivienda, alimentación, salud y educación. Agregó que en la mayoría de los casos ingresaron al mundo laboral en la más temprana infancia, haciéndolo para ayudar a sus familias.
Ofertas de trabajo engañosas a las victimas
El hecho, trata de personas, está triplemente agravado por haber mediado abuso de una situación de vulnerabilidad, por la cantidad de víctimas y por haberse consumado la explotación perseguida.
Explicó que, entre noviembre y diciembre de 2023, y posiblemente en fechas previas, Erazo hizo ofertas de trabajo engañosas a distintos miembros de las comunidades aborígenes de El Cañaveral y San Luis, ubicadas en Santa Victoria.
Esta conducta, que calificó de captación, la desplegó por medio de miembros de las comunidades a las que pertenecen las víctimas. Según las víctimas, el empleador ofrecía trabajos de deschampe (limpieza de campos ya desmontados) en la finca “Los Chilenitos” o “El Chileno”, ubicada en ruta provincial N°54, a la altura de “La Curva de Juan”, en el paraje de Tonono, en Tartagal. A cambio de dichas tareas, proponía un pago para cada trabajador de 8.000 pesos por hectárea.
Las tareas durarían 20 días, con 5 de descanso. De esta forma, logró captar a 18 personas, quienes fueron trasladadas por Erazo hasta la finca, lo que se hizo en una camioneta Toyota. Al momento de las tareas, sin embargo, los obreros recibieron herramientas rudimentarias.
Luego siguieron condiciones de servidumbre, pues fueron sometidos a trabajos forzosos. El alojamiento consistía en un campamento armado con plástico, sin una provisión mínima de higiene y protección contra las altas temperatura, las que bordean los 50 grados, en esa zona.
Tampoco contaron con recursos apropiados de alimentación ni de hidratación, pues la comida provista era escasa. Solo recibían un solo plato al día, con el agravante de que su costo era descontado del salario prometido.