Revocan la absolución de exdirectores de PAMI y ANSES y los declaran culpables de peculado

La Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), integrada por los jueces Daniel Antonio Petrone (presidente), Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques, revocó las absoluciones dictadas por el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de Salta en favor de los ex directores de las delegaciones locales de PAMI y de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Verónica Molina y Fabio Marcos Jesús Vera Ramírez.

Los ex funcionarios fueron juzgados entre el 22 de febrero y el 30 de mayo pasado por el TOF N°2, conformado por los jueces Domingo Batule (presidente), Gabriela Catalano y Abelardo Basbus, quienes resolvieron, de manera unánime, la absolución de los mismos, como así también de los empleados del PAMI Diego Albornoz y Gustavo Gerónimo, y de Fernando Ruarte, ex concejal del Partido de la Victoria, juzgados en el mismo debate.

La acusación principal giraba en torno al pago ilegal de aportes por parte de jefes de agencias del PAMI hacia la organización política de La Cámpora. Y, en menor medida, el desvío, con fines políticos, de cientos de electrodomésticos que habían sido donados a ese organismo para ser entregados a jubilados.

El titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, el fiscal Ricardo Toranzos, fue quien llevó adelante el caso desde su inicio hasta el juicio e incluso presentó la impugnación para revertir la sentencia dictada, lo que fue respaldado ante la CFCP por el fiscal general Mario Villar.

En su alegato, la fiscalía consideró acreditada la conducta ilegal de los exdirectores de ambos organismos nacionales, ya que, tanto Molina como Vera Ramírez, exigían a jefes de distintas agencias del PAMI en localidades del interior de la provincia, el pago del 20% del sueldo en concepto de aportes a la organización política La Cámpora.

Ese dinero se acreditaba mediante transferencias en algunos casos, y en otros se hacía a través del sistema de comunicación interna del PAMI. Vera Ramírez y Molina fueron apuntados como los principales responsables de esta maniobra y receptores de los pagos.

Los ex funcionarios habían sido juzgados en mayo pasado

Al analizar el caso, el TOF 2 desechó la acusación por entender que la exigencia de pago aludida por la fiscalía no era tal, ya que no había relación funcional de los acusados principales, Vera Ramírez y Molina, con los jefes de agencias, entre quienes se mencionó a Emilia Fabiana Juárez y Viviana Fernández, quienes estaban al frente de las delegaciones de PAMI en Orán y El Carril, respectivamente.

Juárez y Fernández -cabe resaltar- fueron juzgadas por el cobro ilegal del IFE, siendo la segunda, condenada por el TOF Nº1 el 6 de agosto del 2021. En ese juicio, ambas revelaron que eran obligadas a pagar el 20% de su sueldo y que esa demanda provenía de Vera Ramírez y Molina, versión que cambiaron al presentarse declarar contra sus ex jefes.

Si bien reconocieron la literalidad de sus dichos, sostuvieron que, en realidad, lo dijeron porque estaban enojadas con los acusados por no haberlas apoyado cuando fueron juzgadas por el cobro indebido del IFE. Los jueces del TOF Nº2 le dieron crédito a esta última versión. En su impugnación, el fiscal Toranzos resaltó la incongruencia existente entre los jueces del tribunal al fundar la sentencia. Destacó, en ese orden, la contradicción incurrida por el juez Batule, al sostener que la figura de exacciones ilegales requiere necesariamente una afectación al patrimonio de la víctima y, a su vez, desconoce que “la exigencia del aporte de un porcentaje de sueldo implica un concreto ataque a [su] propiedad”.

Referentes políticos

Además de sus cargos en los dos entes públicos mencionados, ambos son referentes de peso de la mencionada organización política en la provincia. En su hipótesis, el fiscal afirmó que la “exigencia” de pago estaba relacionada directamente con la designación de los cargos y la estabilidad laboral, que corría riesgo en caso de incumplimiento.

A lo largo del debate, el fiscal Toranzos -asistido por la auxiliar fiscal Virginia Wierna– expuso numerosas pruebas en contra de los acusados. Entre ellas, se destacan capturas de chats, audios y las declaraciones brindadas por dos ex jefes de agencias, las que confirmaron la exigencia de dinero por parte de los acusados, lo que sucedió en una audiencia de juicio por el cobro indebido del IFE.

Estas declaraciones fueron luego confirmadas ante la fiscalía.

A ello, se sumaron otras pruebas, como una serie de chats mantenidos entre los acusados, audios y declaraciones de otros testigos que confirmaron reuniones previas que Molina y Vera Ramírez promovieron para informar y acordar el pago de los aportes.