Ruta 81: el grito colectivo de mujeres wichí abusadas sexualmente con impunidad en el norte

Por primera vez, una periodista extranjera puso el foco en una de las historias más silenciadas y dolorosas del norte argentino.

A través de un trabajo de largo aliento, financiado por la International Women’s Media Foundation (IWMF), la uruguaya Cecilia Osorio documentó los abusos sexuales sufridos por niñas y adolescentes wichí en el departamento Rivadavia, Salta, y el reclamo colectivo que un grupo de mujeres indígenas convirtió en denuncia pública en 2022.

El reportaje fue publicado en medios de Uruguay y España, y ahora comienza a difundirse en Argentina. La pieza reconstruye la historia de Moni, una mujer wichí de la comunidad Misión Kilómetro 2, quien junto a otras veinte mujeres, firmó una carta en la que señalaban a criollos del pueblo como autores de abusos sexuales sistemáticos.

Cabe aclarar que los nombres de las mujeres mencionadas son ficticios, utilizados para resguardar su identidad. Esa carta, entregada al entonces ministro de Seguridad, Abel Cornejo, expuso un secreto a voces: los criollos violan, embarazan y abandonan a niñas indígenas, y todo el pueblo lo sabe.

Un crimen histórico, una denuncia colectiva: “Acá no se salva nadie, ni la hija del cacique”, dice Moni en el reportaje.

Su historia y la de otras mujeres wichí toma cuerpo a partir del asesinato de Pamela Flores, una niña de 12 años hallada muerta al costado de la ruta 81.

Su muerte fue el detonante de una protesta histórica: por primera vez, mujeres wichí salieron a marchar, cruzaron la ruta y reclamaron justicia en el pueblo de Pluma de Pato.

En los días siguientes, convocaron a la reconocida lideresa indígena Octorina Zamora, fallecida en 2022, y organizaron la Primera Asamblea de Mujeres Indígenas de la ruta 81, bajo la consigna en lengua wichí: “Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses” (“Acompañemos a nuestras infancias y adolescencias”).

Allí, frente a funcionarios nacionales, provinciales, periodistas y autoridades de derechos humanos, denunciaron los abusos sufridos por décadas. Denunciaron a policías, gendarmes, peones rurales, maestros y comerciantes. Muchos siguen libres. Ninguno fue condenado.

“Chinear”: el abuso sexual como herencia criolla

El trabajo de Osorio documenta con crudeza cómo en el norte salteño los abusos sexuales a niñas wichí son parte de una práctica habitual, que incluso tiene nombre: “chinear” o “gatear”, términos que en la jerga local refieren a violar niñas indígenas como si fueran presas del monte.

Testimonios recogidos en la investigación señalan que las víctimas son perseguidas a la salida de la escuela, engañadas con alcohol o comida, subidas a vehículos y llevadas a zonas descampadas.

Los crímenes rara vez se denuncian y, cuando se denuncian, no avanzan.

“En los pueblos todo el mundo lo sabe”, cuenta Tujuay Gea Zamora, hija de Octorina, quien desde la muerte de su madre acompaña a las mujeres de la zona.

Incluso cuando hay pruebas —como videos de policías abusando de una niña en un patrullero— los casos no prosperan. La respuesta institucional suele limitarse a traslados o sanciones administrativas.

Maternidades forzadas y servicios ausentes

En su reportaje, Osorio también documenta cómo estos abusos derivan en embarazos forzados en niñas y adolescentes, en un contexto de extrema precariedad sanitaria.

En la región de la ruta 81, muchas adolescentes son madres antes de los 15 años. La mayoría no tiene acceso a servicios de salud interculturales, traductores ni información adecuada.

A pesar de la presentación, en 2024, de una “Hoja de Ruta” del Ministerio de Salud y UNICEF para asistir a adolescentes gestantes por abuso, los equipos en territorio siguen desbordados o directamente ausentes.

Las creencias religiosas impuestas por iglesias evangélicas y católicas también dificultan el acceso a derechos sexuales y reproductivos.

Muchas niñas son obligadas a continuar con embarazos no deseados porque “el aborto es pecado”.

En el hospital de Tartagal, único que garantiza el acceso a la IVE/ILE todo el año, la médica residente Araceli Gorgal denunció que, desde que asumió el actual gobierno nacional, solo reciben 10 cajas de misoprostol por mes. Antes realizaban más de 100 interrupciones legales mensuales.

Tres años después: impunidad intacta

De las más de veinte mujeres que firmaron la denuncia pública en 2022, solo cuatro presentaron denuncias penales. Otras 15 reclamaron filiaciones.

A la fecha, ningún hombre ha sido procesado. Apenas dos firmaron acuerdos de alimentos. Las mujeres denunciantes viven bajo amenaza constante. Muchas fueron extorsionadas con comida o dinero para que se callen.

Otras fueron presionadas por miembros de su propia comunidad. “Nos dicen alcahuetas. Se burlan porque no logramos nada”, cuenta Claudia, una de las pocas que aún insiste en que se haga justicia.

Las causas judiciales, luego de meses sin avances, fueron reactivadas recién en marzo de 2025.

Recién ahora se ordenaron análisis de ADN y citaciones para algunos imputados.

El Ministerio Público no cuenta con estadísticas desagregadas sobre abusos sexuales a niñas indígenas.

La invisibilización es también parte del problema.

Comunidad, memoria y resistencia

Frente al abandono del Estado, las mujeres wichí construyen sus propias formas de sostén.

En La Cortada, La Misión Chaqueña, Ballivián y otras comunidades, lideresas como Nancy López y Laurentina Nicacio organizan talleres, acompañan a víctimas, y trabajan para recuperar el rol ancestral de las “mujeres estrella”: guardianas del conocimiento, el cuidado y la transmisión cultural.

En su reportaje, Osorio recupera una escena reveladora: un taller de fútbol donde adolescentes wichí comienzan a hablar, llorar y recordar. “Algunas contaban los abusos como si fueran sueños”, dice Laurentina.

También recibió amenazas, fue golpeada y secuestrada brevemente. Pero no se calló. “Nos hicieron creer que no tenemos futuro. Pero sí lo tenemos. Y empieza con que los chicos estudien”, sostiene.

Un reportaje necesario

La investigación de Cecilia Osorio no solo recoge con rigor periodístico los testimonios de mujeres silenciadas por años.

También interpela al Estado argentino, a su sistema judicial, a los medios de comunicación nacionales y a una sociedad que —a pesar de las pruebas— sigue sin mirar al norte.

“Yo aún tengo esperanza. Todas tenemos derecho”, dice Claudia, con la convicción de quien eligió hablar, aunque sepa que esa decisión tiene un costo alto.

El trabajo de Osorio recuerda que lo que viven las mujeres de la ruta 81 no es pasado. Es presente. Y necesita respuesta.