Sáenz exigió a Nación sanciones y mayores controles a Transnoa por los cortes de luz
El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó al Gobierno nacional sanciones y controles más estrictos a la empresa Transnoa tras los reiterados cortes de energía eléctrica en el Norte.
El planteo se realizó en una reunión de trabajo con el secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, donde el mandatario calificó la actuación de la transportista como de “negligencia severa” y exigió la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
Denuncia conjunta de Salta y Jujuy
Sáenz, acompañado por la senadora nacional Flavia Royón, entregó al funcionario nacional una denuncia administrativa presentada ante el ENRE por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y la Secretaría de Energía de Jujuy. En el escrito, ambas provincias responsabilizan a Transnoa por las fallas en el sistema de transporte de energía en alta tensión, competencia exclusiva de la Nación.
Según se detalló, los cortes se originaron en líneas de alta tensión bajo control nacional, sobre las cuales la Provincia de Salta no tiene injerencia operativa.
Falta de inversiones y respuesta tardía
En la denuncia se sostiene que Transnoa no cuenta con inversiones suficientes ni con una base operativa adecuada para responder ante contingencias. El episodio más grave se produjo tras la crecida del río San Francisco, que interrumpió la línea de alta tensión por ruta 5 y saturó la alternativa Ledesma–Pichanal.
Frente a esta situación, la empresa demoró cerca de tres horas en enviar personal técnico, una respuesta considerada inaceptable para una compañía que percibe un porcentaje de la facturación total del sistema eléctrico.
Pedido de auditorías y sanciones
El gobernador solicitó que el ENRE audite las inversiones realizadas por Transnoa, evalúe su capacidad logística y aplique sanciones ejemplares para garantizar que la transportista mantenga plantas operativas activas y tiempos de respuesta acordes a lo que establece la ley.
“Las provincias no pueden seguir pagando las consecuencias de una gestión deficiente”, remarcaron desde el Gobierno, al tiempo que insistieron en la necesidad de garantizar un servicio eléctrico confiable para el desarrollo productivo y la calidad de vida de los habitantes del norte.