Salta, en zona de frontera, puede convertirse en otro Rosario de Santa Fe
Los funcionarios judiciales desde distintos organismos a los que adhieren levantaron su voz de solidaridad para con lo ocurrido en Ecuador y al mismo tiempo alertan sobre la situación que se va advirtiendo en el país y que la relacionan al narcotráfico y a la violencia que trae aparejada.
En este sentido señalan lo que ocurre en Rosario de Santa Fe, en las zonas de frontera, donde claramente está Salta, y se podría agregar ya el centro del país con la presencia de la familia del prófugo más buscado en Ecuador y del que se dice es el responsable de la toma del canal de televisión.
Vale recordar que en la década del 90 ya habían ingresado al país la esposa y los dos hijos de Pablo Escobar, este último ya asesinado por las fuerzas de seguridad colombianas, donde compraron tierras, casas, viviendo durante varios años. Se cambiaron los nombres, se los acusó de lavado de dinero, ya que habían elaborado una historia de vida distinta y terminaron presos, por un par de años.
Muchos países en el mundo les habían negado radicación. Aquí ingresaron con nuevas identidades, y hasta ahora continúan haciéndolo.
El reclamo común de los funcionarios judiciales tanto fiscales, procuradores como magistrados es la necesidad de brindar mayor seguridad y prevenir las acciones a futuro. Este reclamo es el que sostienen compañeros y colegas del fiscal ecuatoriano asesinato César Suárez realizaron al Estado de aquel país, y que nunca se arbitraron los medios para fortalecer esas barreras.
Cabe destacar que Suárez desde el mes de abril del año 2023 estaba sin custodia, por una cuestión burocrática.
Inclusive desestimaron las declaraciones de la fiscal general cuando brindaba su apoyo a la familia de Suárez.
“No aceptamos estas condolencias; cuantas veces hemos pedido se atienda la seguridad del fiscal general del estado”, señaló el fiscal Darwin Muñoz, amigo y colega de Suárez.
Aquí es donde coinciden los reclamos de funcionarios judiciales argentinos pidiendo que sea el Estado el que brinde seguridad a quienes imparten justicia, sin que deban ellos ser los que todo el tiempo están llamando la atención al respecto.
Más intimidaciones y sanciones encubiertas
Durante la semana que finalizó se conoció la información que el fiscal que había rechazado las condolencias de la Fiscal General de Ecuador, Diana Zalazar, fue trasladado, a manera de represalia por sus dichos, esto recibió el rechazo de la Federación Latinoamericana de Fiscales.
En Salta, el fiscal Federal Ricardo Toranzos quien conforma la directiva de ese organismo, señaló que se rechazó mediante un comunicado el pasado viernes la actitud que se ha adoptado.
Darwin Muñoz Mora deberá abandonar su despacho habitual, y le asignaron funciones en un cantón alejado de su domicilio, familia y centro de vida.
El comunicado sostiene que “esto ocurre a poco de haberse hecho público un reclamo por falta de seguridad de todos los fiscales y luego de que el mencionado fiscal Darwin Muñoz no aceptara las condolencias expresadas por la Sra. Fiscal General y motivadas en el reciente asesinato del colega César Suárez”.
“En ese contexto, la decisión unilateral de traslado, no consensuada y que no se enmarca en un plan de reestructuración institucional, constituye una sanción velada pero que produce un efecto similar”, dicen los fiscales.
Entendiendo que estas acciones generan un efecto intimidante superlativo, tanto para el agente sobre el cual se imponen como para el resto de los magistrados”.
Destacan que es una muestra de poder y de sanciones encubiertas.