Salta Forestal: “Esta vez, tiene que ser la gente de la zona la beneficiada”
La senadora por el departamento de Anta, Alejandra Navarro, celebró la aprobación definitiva en la Legislatura de la Ley de Regularización Dominial de Salta Forestal.
Ayer, el Senado Provincial brindó sanción definitiva a la ley que busca regularizar la situación dominial de miles de familias asentadas en tierras incluidas dentro de las concesiones otorgadas por Salta Forestal S.A. en los años ’90 y 2000.
Según explicó Navarro en Hora de Voces, uno de los objetivos centrales es brindar seguridad jurídica a los pobladores. Durante años, vivieron en la incertidumbre frente a eventuales reubicaciones o renegociaciones con las empresas concesionarias.
“La gente lo único que quiere es un papel que diga: estas 300, 500 o 1.000 hectáreas son mías”, expresó la senadora y agregó: “Quieren poder ir al banco, pedir un crédito, hacer un alambrado o perforar un pozo de agua. Hoy no pueden hacerlo”.
Uno de los puntos más debatidos en el tratamiento fue la cantidad de hectáreas a entregar por productor. El proyecto original contemplaba hasta 1.000 hectáreas, pero finalmente se aprobó un límite de 1.200 hectáreas, a partir de aportes realizados por los propios puesteros en las reuniones informativas.
Para ello, Navarro citó un estudio encargado por Salta Forestal en 2019 y realizado por la UNSA, el CONICET y el INTA. El mismo sostiene que para una producción ganadera a campo abierto son necesarias entre 1.200 y 1.500 hectáreas.
Si bien la ley no modifica el estatus legal de las concesiones, habilita al Ejecutivo a renegociar los contratos con las empresas, con el fin de dar cumplimiento efectivo a la regularización dominial de los puesteros.
“Durante muchos años nos hemos quejado de que las empresas han sido las beneficiadas con esta concesión, hubo explotación ambiental y falta de desarrollo en lo social, hubo incumplimiento de los contratos en ese aspecto. Entonces, esta vez tiene que ser la gente de la zona los beneficiarios”, manifestó.
Deudas e impacto social
La senadora también recordó que los contratos originales preveían el cobro del canon a partir de 2029, aunque en 2011 el Estado provincial suspendió las concesiones por diversas irregularidades.
“En este momento, las dos empresas están sin deudas, en este momento. Hay que ver para atrás y eso es una cuestión que irá por la justicia, que es en otro ámbito”, dijo.
Por otro lado, Navarro planteó durante la sesión la necesidad de crear una comisión de seguimiento para monitorear la implementación de la ley y establecer plazos concretos para avanzar con la regularización.
En ese sentido, adelantó que buscará participar activamente de la reglamentación de la Ley, para que las regularizaciones se realicen en poco tiempo y “que no pasen 10 años”.