Salta Forestal: profundizan su investigación por posibles irregularidades
El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante busca reabrir la investigación sobre la actuación administrativa provincial en relación con la empresa Eco Desarrollo Salta S.A. y la concesión de terrenos en Salta Forestal.
Esta decisión surge tras la aparición de nuevos elementos que sugieren posibles irregularidades en el proceso de concesión, la legalidad de los acuerdos y el cumplimiento de las condiciones contractuales.
La causa se centra en la concesión de 230 mil hectáreas en Salta Forestal a Eco Desarrollo Salta S.A., un acuerdo con beneficios como el diferimiento del pago de impuestos.
Donde los hechos están vinculados a decisiones administrativas de la década de 1990 durante el proceso de privatización de Salta Forestal.
La Fiscalía Penal de Delitos Económicos Complejos había archivado la causa en 2019, una decisión ratificada en 2020.
La investigación inicial había considerado un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la empresa como base para cerrar el caso.
El fiscal Escalante argumentó que los recientes datos difundidos por medios de comunicación aportan elementos que ameritan ampliar la investigación.
Estos incluyen aspectos relacionados con el cumplimiento de las condiciones contractuales y la posible implicación de nuevos actores.
Según el fiscal, el análisis inicial fue parcial y limitado a un período específico, dejando de lado aspectos fundamentales como la génesis de la concesión y sus efectos a largo plazo. Destacó que la reapertura se alinea con la búsqueda de justicia y transparencia. Con esta nueva investigación se pretende que el proceso esclarezca los hechos, revisando la legalidad de los acuerdos y determinar si hubo incumplimientos o irregularidades que puedan afectar el patrimonio estatal. Además, se investigará el papel de los titulares de Eco Desarrollo Salta y posibles nuevos actores involucrados.
Este caso podría tener implicancias significativas para la provincia de Salta, tanto en términos legales como en la gestión de recursos públicos.
El fiscal Escalante destacó que la reapertura no responde a una decisión caprichosa, “sino que la toma de conocimiento de aspectos relevantes y adyacentes a lo que habría acontecido en la concesión cuestionada”.
La intención es abordar la cuestión con un enfoque más exhaustivo que permita determinar responsabilidades.