Salta pedirá reactivar la Ley de Derribos para el cuidado de las fronteras de la provincia

La diputada provincial Socorro Villamayor (Salta Tiene Futuro) presentó un proyecto de declaración que será tratado este martes en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de la Provincia, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional aplicar en las zonas fronterizas de Salta las medidas de protección del espacio aéreo, incluido el Sistema de Defensa Aeroespacial para el derribo y/o destrucción de aeronaves hostiles.

En diálogo con Nuevo Diario, Villamayor explicó que la iniciativa se enmarca en la preocupación del Gobierno salteño ante el avance del narcotráfico y la vulnerabilidad de las fronteras norteñas, particularmente tras los recientes hechos vinculados al aterrizaje y caída de avionetas cargadas con drogas recientemente y que tuvieron amplia repercusión nacional. “Somos una provincia fronteriza que forma parte de la ruta del narcotráfico. Si todas las legislaturas provinciales levantan su voz, podemos impulsar una política nacional firme en defensa de nuestro espacio aéreo”, sostuvo.

De un decreto de Estado a una política duradera

Villamayor recordó que, en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri, se implementó por decreto el llamado “protocolo de protección del espacio aéreo”, conocido popularmente como Ley de Derribo, impulsado por la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El decreto presidencial, que declaró la emergencia en seguridad, habilitó a las Fuerzas Armadas a identificar, advertir, intimidar y, en última instancia, usar la fuerza contra aeronaves consideradas hostiles, aquellas capaces de poner en riesgo la seguridad o soberanía nacional. Esa normativa permitió que, por primera vez, se activara un procedimiento de este tipo: en febrero de 2016, una aeronave ilegal fue detectada en Corrientes y escoltada por un kaza interceptor hasta la frontera con Paraguay, sin incidentes. Sin embargo, la diputada salteña sostuvo que aquella medida carece de estabilidad y fuerza institucional, porque no fue sancionada por el Congreso. “Ese decreto permitió avances, pero no tiene permanencia ni rango de ley. Cuando un gobierno cambia, puede derogarlo con una simple decisión administrativa. En cambio, una ley lo transforma en una política de Estado, con continuidad y compromiso federal”, explicó Villamayor. “La falta de radarización, de logística y de continuidad política nos deja indefensos frente al crimen organizado. Por eso, lo que buscamos con esta declaración es que Argentina adopte una política nacional permanente de control aéreo, que no dependa del gobierno de turno”, añadió.

“No significa salir a derribar aviones”

Frente a los cuestionamientos de sectores que consideran que la ley de derribo violaría principios constitucionales y de derechos humanos, Villamayor aclaró e insistió en que esa interpretación “desconoce los protocolos y las prácticas internacionales”. “La ley de neutralización del espacio aéreo o de control del espacio aéreo no implica automáticamente el derribo de aeronaves. En todos los países donde existe —como Brasil desde 1998, Perú o Bolivia desde 2014— se aplica bajo un protocolo progresivo y proporcional. Primero se identifica la nave, se solicita información sobre la matrícula y el plan de vuelo, se envía una aeronave cercana para reconocimiento visual y se hacen señales de advertencia. Solo si la nave desoye todas las órdenes y se la considera hostil, se avanza hacia una instancia superior”, detalló.

Villamayor subrayó que “no hay antecedentes de derribos en Latinoamérica bajo estas leyes, salvo un caso aislado en Perú, y que incluso allí se trató de una situación excepcional”.

“Lo importante —enfatizó— es entender que no se trata de castigar, sino de controlar.

La ley tiene un fin preventivo, de disuasión, y apunta a que el Estado pueda monitorear y proteger su espacio aéreo, sabiendo quién entra y quién sale, y  para qué”.

Fronteras porosas y décadas de abandono

Villamayor relacionó la necesidad de esta ley con “décadas de abandono, falta de radarización y ausencia de decisión política para cuidar las fronteras”.“El narcotráfico, la trata de personas y el contrabando crecen porque no hay logística suficiente ni presencia permanente de las Fuerzas Armadas. Si solo controlamos por tierra, el espacio aéreo se convierte en una autopista libre. Hay que complementar los controles terrestres con los aéreos”, advirtió.

La diputada respaldó la postura del gobernador Gustavo Sáenz, quien días atrás reclamó públicamente la reactivación del debate sobre la ley de derribo y la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de defensa interior, especialmente en zonas de frontera. “Si el presidente Javier Milei asume este desafío con la misma convicción con la que busca bajar la inflación, podríamos empezar a revertir una debilidad histórica del país”, apuntó.

“El cuidado de las fronteras es responsabilidad de Nación”

Villamayor subrayó que el control de fronteras es competencia exclusiva del Estado Nacional, por lo que ninguna provincia puede enfrentar por sí sola el narcotráfico. “Podemos tener un Plan Güemes o un Plan Roca muy bien diseñados, pero si Nación no toma el control aéreo, el esfuerzo se diluye”, afirmó. “Sin decisión presidencial, ninguna provincia puede hacerlo sola. El jefe máximo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación, y por eso las provincias necesitamos levantar la voz y exigir una política de Estado que garantice radarización, logística y presencia en las fronteras”, agregó. También destacó el rol del fiscal federal Villalba, quien actuó con rapidez en la investigación por la caída de la avioneta cargada con droga. “En 72 horas ya había imputados y detenidos. Eso demuestra que, con una Justicia Federal ágil y un sistema de control aéreo eficaz, podríamos revertir la vulnerabilidad actual.”

Migraciones y seguridad

Villamayor coincidió con Sáenz en la necesidad de revisar la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros con antecedentes penales. “No podemos ser el lugar de homenaje para delincuentes que fueron expulsados de sus países. Debemos cuidar a nuestra sociedad con medidas claras”, manifestó.

“No hay demagogia cuando se protege la vida”

Consultada sobre las críticas que acusan a este tipo de medidas de “demagogia punitiva” o de autoritarismo, la legisladora respondió con firmeza: “Toda medida de control y decisión firme genera resistencia. Pero esta ley no busca imponer castigos ni vulnerar derechos humanos, sino dar herramientas para actuar frente a la ilegalidad aérea”. Villamayor insistió en que la llamada “ley de derribo” es, en realidad, una normativa técnica con múltiples pasos de advertencia y control: “El objetivo es acompañar al vector hostil a aterrizar, no destruirlo. La neutralización es la última instancia, y en casi todos los países que la aplican, nunca se llegó a usar. Por eso, hablar de ‘pena de muerte aérea’ es un absurdo”.

La diputada salteña consideró que la discusión sobre este tema debe trascender las banderías partidarias. “Espero que los diputados nacionales, sin importar su color político, acompañen esta iniciativa. Hablar de radarización y control aéreo no es una cuestión ideológica, es una cuestión de soberanía nacional y de defensa de la vida”, señaló. En ese sentido, anticipó que el proyecto “no se tratará sobre tablas, sino que ya fue incorporado al acta de labor parlamentaria con el consenso de los distintos bloques”.

Para Villamayor, el país se encuentra en una coyuntura crítica que exige decisiones firmes: “El narcotráfico ha penetrado profundamente y no hay margen para la indiferencia. La provincia de Salta no puede quedarse de brazos cruzados mientras las avionetas siguen surcando nuestros cielos”. Y concluyó: “No se trata de voltear aviones, se trata de proteger la vida de los argentinos y garantizar que el Estado recupere el control de sus fronteras. Una ley de control del espacio aéreo sería una verdadera política de Estado, y no una medida de ocasión”.