Salta planteó en Diputados la demora nacional en las pensiones por discapacidad
La provincia expuso ante el Congreso la situación de las pensiones no contributivas por invalidez y reclamó información desagregada sobre los trámites pendientes. También presentó su modelo de rehabilitación comunitaria para acercar prestaciones a localidades alejadas.
La situación de las pensiones no contributivas por invalidez fue uno de los ejes planteados por Salta ante el Congreso de la Nación, en el marco del debate por la prórroga de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y el análisis del proyecto de Presupuesto 2027.
La exposición estuvo a cargo de Isabel Soria, directora de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud Pública de Salta, durante el plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Durante su intervención, Soria presentó datos nacionales sobre los trámites de pensiones iniciados desde enero de 2024. Según las cifras expuestas, se registraron 90.791 solicitudes de pensiones no contributivas por invalidez, de las cuales 10.374 fueron resueltas. Esto dejó 80.417 expedientes pendientes de resolución.
“Estamos hablando de más de 80.000 personas en todo el país que hoy continúan a la espera de una respuesta del Estado. Detrás de cada expediente hay familias que dependen de este ingreso básico para asegurar su subsistencia y el acceso elemental a la salud”, señaló la funcionaria.
En ese contexto, Soria reclamó conocer cuántos de los trámites pendientes corresponden a Salta, cuáles son sus tiempos de demora y en qué instancia administrativa se encuentran.
Los datos de discapacidad en Salta
Durante la presentación, la funcionaria también detalló la situación provincial. Salta cuenta con cerca de 65.000 personas registradas con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
A su vez, el padrón del Programa Incluir Salud registra 39.973 beneficiarios en la provincia. De ese total, 32.472 son titulares de pensiones no contributivas por invalidez, lo que representa el 81,2%.
“Cuando hablamos de discapacidad estamos hablando también de protección social, de salud y de ingresos familiares”, sostuvo Soria ante los legisladores nacionales.
La exposición buscó mostrar además las políticas que la provincia desarrolla para garantizar el acceso a la rehabilitación y a los apoyos necesarios, especialmente en comunidades donde las distancias geográficas dificultan el acceso a los servicios.
Rehabilitación en comunidades alejadas
Uno de los puntos destacados fue la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC), que comenzó a implementarse de manera quincenal en Santa Victoria Este en febrero de 2025 y posteriormente se extendió con operativos mensuales a Rivadavia Banda Sur.
Los equipos interdisciplinarios se trasladan a las comunidades para realizar evaluaciones funcionales y brindar prestaciones de kinesiología, fonoaudiología, nutrición, traumatología y salud mental. También trabajan en la adaptación y entrega de equipamiento.
En Santa Victoria Este fueron evaluadas 78 personas de entre 0 y 76 años. El 64% fueron niñas, niños y adolescentes. Además, se entregaron y adaptaron 41 ayudas técnicas y se confeccionaron 12 moldes: nueve para órtesis y tres para prótesis.
Los operativos también incluyeron capacitaciones destinadas a familiares y agentes sanitarios para el manejo de sillas de ruedas y la confección de almohadones antiescaras.
En paralelo, la provincia destacó el fortalecimiento del Centro Provincial de Rehabilitación Física (CePReFis), que durante 2026 cuenta con aproximadamente 50 profesionales de distintas disciplinas, unidades especializadas y un taller propio de prótesis y órtesis.
A esto se suma una capacitación provincial reciente que alcanzó a 750 integrantes de equipos de salud y disciplinas vinculadas con la atención de personas con discapacidad.
El pedido de una agenda federal
Al cierre de su exposición, Soria planteó cinco prioridades para abordar la situación de la discapacidad a nivel federal: contar con información nacional desagregada por provincia, fortalecer y financiar el Programa Incluir Salud, implementar una política federal de rehabilitación basada en la comunidad, consolidar redes y talleres locales para la tecnología de apoyo y reparación de equipamiento y sostener un plan permanente de formación de recursos humanos en territorio.
“La discapacidad no puede depender del código postal. Una persona que vive en Santa Victoria Este, en Rivadavia Banda Sur, en una comunidad originaria o en un paraje alejado tiene los mismos derechos que quien vive en el centro del país”, afirmó Soria.
En ese sentido, la funcionaria pidió al Estado nacional garantizar los presupuestos establecidos por la Ley 27.793 y los compromisos asumidos por Argentina a través de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.