Los números siguen lastimando los cuerpos e identidades de mujeres, niñas y disidencias en la provincia, y frente a la desprotección y desentendimiento de las políticas de género por parte del Gobierno Nacional liberal libertario, que además promueve “el odio a la ideología de género” sin mirar la problemática vigente, desde el Senado provincial prevén el próximo vencimiento de la declaratoria de emergencia en el territorio por violencia de género, que lamentablemente lleva una década y que se prorrogaría por dos años más.
Surgida en el año 2014 y prorrogada sucesivamente, la Ley Nº7.857, que declara la Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en la provincia de Salta se encuentra próxima a vencer en septiembre y, por ello, desde la Comisión Especial de la Mujer, Género y Diversidad del Senado, se viene trabajando desde el mes de mayo con distintos actores involucrados en la problemática.
En esta ocasión los legisladores recibieron al equipo de trabajo de la Secretaría de la Mujer, que presentó los últimos avances del Plan Provincial para la igualdad de género, por una Salta libre de violencias y discriminaciones 2024-2026.
El encuentro fue encabezado por la presidenta de la Comisión, Sonia Magno, junto a los senadores, Miguel Calabró, Manuel Pailler, Juan Cruz Curá, Walter Cruz, Dani Nolasco, Alejandra Navarro, Leonor Minetti y Diego Cari.
En tanto, por el Ejecutivo asistieron la secretaria, Itatí Carrique, la subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, Inés Bocanera, la subsecretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, Rosaura Gareca y la directora Gral. de la Agencia de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Florencia Rivero, además de Giulia Parente, Daniela Penzo, Paula Peralta y Daniel González, del equipo técnico.
Ganancias y deudas
En su alocución, Carrique señaló algunos de los avances logrados desde la declaración de la Ley de emergencia, como el surgimiento de una Justicia especializada, la sanción de la Ley Nª7888, de protección contra la Violencia de género, la entrega de botones antipánico, la creación del Observatorio de Violencia contra la Mujer, del Polo Integral de las Mujeres, de una Unidad fiscal especializada en femicidios y por último de la propia Secretaría de la mujer, Género y Diversidad en 2022.
Recordó la funcionaria que el plan provincial es una construcción que se articula con diversos organismos, abordando la multicausalidad en base a cinco ejes de trabajo: prevención de la violencia y promoción de derechos; abordaje y asesoramiento de las víctimas; recuperación y fortalecimiento de sus autonomías; formas extremas de violencia y revisión o actualización normativa con perspectiva de género.
Respecto a la prevención, se trabaja para identificar y transformar causas estructurales y socioculturales de los hechos de violencia y discriminación a partir de su visibilización, transformación y transversalización.
En materia de fortalecimiento de autonomías, el plan hace referencia a estrategias para la autonomía económica de la víctima, consolidando conocimientos y capacidades, acceso a tecnología digital y promoviendo el derecho a la vivienda con perspectiva de género y al trabajo en articulación con el sector privado. También a la autonomía física, con acceso a servicios de salud para la toma de decisiones.
Respecto a las formas extremas de violencia se propulsa fortalecer la articulación entre organizaciones y en un programa de sensibilización de la población en general, estrategias de asistencia psicológica y jurídica con otros organismos públicos y de la sociedad civil vinculados a la protección de los niños.
Finalmente, sobre el eje referido a la revisión, actualización y propuesta de normativa, se busca introducir en todos ellos la perspectiva de género, poniendo como ejemplo la incorporación del lenguaje para matrimonios igualitarios al actual régimen de licencias y franquicias, el monitoreo de políticas públicas, así como los indicadores de desempeño y resultados del plan a corto y mediano plazo, que permitan ver los resultados del mismo y así corregir lo necesario, optimizando la erogación de los recursos del estado.