En la sesión ordinaria del Senado de la Provincia de Salta celebrada este jueves, se aprobó un proyecto de declaración solicitando al gobierno nacional la prórroga de los plazos para la presentación de historias clínicas en el marco de las auditorías impulsadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La iniciativa busca evitar que personas con discapacidad pierdan sus pensiones debido a dificultades burocráticas y de acceso a los trámites requeridos.
El miembro informante del proyecto fue el senador por Chicoana, Esteban D’Andrea, quien explicó que, si bien están de acuerdo con la auditoría y con la revisión de beneficios mal otorgados, es fundamental que no se generen perjuicios a las personas con discapacidad que residen en zonas alejadas. “Muchas personas deben realizar el trámite vía web, trasladarse a hospitales públicos, buscar turnos y especialistas, lo que se vuelve complejo en el interior profundo, donde en muchos casos solo pueden acudir una vez al mes a las zonas urbanas”, sostuvo D’Andrea.
Por su parte, el senador Leopoldo Salva destacó la enorme preocupación en torno a este tema e instó a los legisladores nacionales a gestionar una prórroga en los plazos. “Estoy de acuerdo en que las pensiones deben ser para quienes realmente las necesitan, pero es importante garantizar que las personas con discapacidad no sufran nuevas dificultades por cuestiones burocráticas”, afirmó.
Walter Cruz, senador por Iruya, advirtió sobre las dificultades adicionales que enfrentan en esa localidad debido a su geografía. “No se pueden imponer plazos que no se condicen con la realidad de lugares como Iruya. Parece que hay un Estado que va contra los más humildes. La auditoría debe facilitar el acceso a los médicos a las personas, no generar miedos e incertidumbre”, enfatizó.
El senador Oscar Paillier también expresó su preocupación, subrayando el impacto de las inclemencias climáticas y el desborde de ríos en las zonas más vulnerables de la provincia. Destacó, además, la gestión del gobierno provincial, señalando que la auditoría delegó las acciones en el Ministerio de Salud de Salta. “Las personas que deban realizar estudios lo harán en los hospitales regionales cabecera de los departamentos. El ministro ya tiene la autorización para llevar adelante estas acciones”, informó.
Con este proyecto de declaración, los legisladores buscan anticiparse a posibles problemas que podrían derivar en la suspensión de pensiones por discapacidad debido a dificultades en la actualización de los trámites. La solicitud ahora depende de la respuesta del Gobierno Nacional y de la gestión de los legisladores salteños en el Congreso.