Senadores impulsan la creación de una Justicia del Consumo en Salta

El proyecto será presentado por los senadores Enrique Cornejo y Manuel Pailler. Contempla juzgados especializados, procedimientos abreviados, audiencias orales y una instancia conciliatoria para resolver con mayor rapidez los reclamos de los consumidores.

Los senadores Enrique Cornejo, representante del departamento General Güemes, y Manuel Pailler, de General San Martín, presentarán un proyecto de ley para crear el Fuero Provincial de la Justicia de Consumo en Salta.

En diálogo con Nuevo Diario, Cornejo explicó que la iniciativa busca ofrecer respuestas rápidas frente a conflictos que atraviesan diariamente las familias, como el sobreendeudamiento, los inconvenientes con servicios públicos, las tarjetas de crédito, las garantías, los fideicomisos y la comercialización de lotes en condiciones irregulares.

La propuesta establece la creación de juzgados especializados en Derecho del Consumidor, con magistrados preparados para intervenir en este tipo de litigios mediante procedimientos abreviados, orales y públicos. También apunta a que el acceso tenga un costo mínimo para quien necesite reclamar.

De las garantías a las respuestas concretas

Cornejo señaló que el proyecto procura hacer efectiva la protección reconocida por el artículo 42 de la Constitución Nacional y el artículo 31 de la Constitución de Salta, que establecen derechos específicos para consumidores y usuarios. La iniciativa también se sustenta en la Ley Nacional de Defensa del Consumidor 24.240 y su modificatoria 26.361, además de las disposiciones incorporadas en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Entre esos principios aparece el denominado in dubio pro consumidor, que obliga a adoptar la interpretación más favorable para el consumidor cuando existe una duda. Sin embargo, el senador advirtió que la existencia de estas garantías no siempre se traduce en una solución inmediata cuando las personas deben enfrentar procesos judiciales extensos, costosos o complejos.

Por ese motivo, consideró necesario contar con órganos judiciales específicos, capaces de canalizar los conflictos derivados de las relaciones de consumo con mayor rapidez y conocimiento técnico.

La conciliación como instancia principal

Uno de los puntos centrales del proyecto es el fortalecimiento de la conciliación judicial, ya contemplada en el artículo 503 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia. Cornejo explicó que la intención es generar una instancia que permita alcanzar acuerdos antes de avanzar hacia un juicio prolongado. Para ello, la oralidad tendrá un papel fundamental, ya que podría reducir formalidades y acortar los tiempos de resolución, siguiendo una modalidad que también fue incorporada en la reciente reforma del fuero penal. Según planteó, una conciliación eficaz puede producir beneficios para todas las partes. El consumidor tendría la posibilidad de obtener una respuesta más rápida; el proveedor contaría con mayor previsibilidad para proponer una solución; y el Poder Judicial podría disminuir la cantidad de causas que actualmente reciben los juzgados civiles y comerciales.

Jueces especializados y plazos abreviados

El proyecto prevé que los magistrados del nuevo fuero puedan adecuar y reducir los plazos procesales de acuerdo con las circunstancias de cada caso. Esas decisiones deberán estar debidamente fundamentadas y respetar los principios de legalidad y razonabilidad. Actualmente, el Poder Judicial salteño cuenta con fueros civiles y comerciales, laborales, de familia, administrativos, penales y correccionales. Para los autores de la iniciativa, resulta necesario incorporar también juzgados destinados específicamente a resolver los litigios surgidos de las relaciones de consumo.

Cornejo sostuvo ante Nuevo Diario que la alternativa más efectiva sería establecer una instancia judicial única, oral y pública, con costos mínimos y procedimientos sencillos para quienes necesitan hacer valer sus derechos.

Sobreendeudamiento y problemas cotidianos

La propuesta adquiere especial relevancia frente al crecimiento de problemas que afectan directamente la economía de las familias. Entre ellos se encuentran las deudas difíciles de afrontar, los cobros indebidos, las irregularidades en servicios públicos, los conflictos con tarjetas de crédito y los incumplimientos en operaciones inmobiliarias.

El senador remarcó especialmente la situación de las personas sobreendeudadas, al entender que se trata de una problemática acuciante que requiere respuestas concretas por parte del Estado. En ese sentido, afirmó que el propósito del proyecto presentado junto a Pailler es garantizar un acceso efectivo a la Justicia y soluciones apropiadas dentro de un marco de celeridad, seguridad y legalidad. La prioridad, señaló, será que el procedimiento proteja al consumidor y atienda sus reclamos sin someterlo a demoras que terminen desalentando o frustrando el ejercicio de sus derechos.