En la sesión ordinaria de este jueves, la Cámara de Senadores de Salta aprobó un proyecto de declaración presentado por Enrique Cornejo (General Güemes) y Manuel Pailler (General San Martín) que insta a los legisladores nacionales por la provincia a tomar cartas en un tema que, según los propios senadores, compromete la institucionalidad del país: la ausencia de un Presupuesto Nacional vigente.
La iniciativa busca que el Congreso de la Nación reciba, antes del 15 de septiembre —plazo que fija el artículo 100 inciso 6 de la Constitución Nacional—, el proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Poder Ejecutivo. La fecha no es caprichosa: el Presupuesto, denominado “Ley de leyes”, es la herramienta central de planificación económica y control legislativo, donde se detallan los gastos, el tipo de cambio proyectado, las asignaciones y las transferencias a provincias y municipios, que luego elaboran sus propias previsiones en base a este marco nacional.
La institucionalidad en riesgo
En su intervención como miembro informante, Enrique Cornejo sostuvo que la carencia de Presupuesto debilita el sistema democrático, ya que otorga al Poder Ejecutivo una mayor discrecionalidad en el uso y distribución de los recursos. “Argentina no es creíble sin Presupuesto; la comunidad internacional no ve con buenos ojos que un Estado no sancione una ley elemental para su funcionamiento”, advirtió, subrayando que la división de poderes se ve afectada y la democracia se erosiona.
El senador recordó que desde hace dos años el país no cuenta con un Presupuesto aprobado y que el Ejecutivo ha recurrido a la prórroga de leyes anteriores, un mecanismo legal pero que, en sus palabras, “resulta ilegítimo” por sus efectos. Este esquema, dijo, se reflejó recientemente en la disputa entre el Gobierno nacional y varios gobernadores por la asignación de fondos, así como en debates legislativos cargados de tensiones.
Para Cornejo, la solución pasa por retomar el “acto federal complejo” que implica la presentación, análisis y aprobación razonada del Presupuesto. Solo así —afirmó— se puede garantizar un funcionamiento institucional sólido y previsible. “Para el correcto funcionamiento del Estado, el pueblo argentino debe tener su Presupuesto 2026”, concluyó.
Manuel Pailler acompañó la postura, señalando que el reclamo no es solo una cuestión administrativa sino un imperativo político y económico que impacta en todos los niveles del país, desde la macroeconomía hasta la ejecución de obras y programas en los municipios.