Siete horas de alegato y el retiro de dos acusaciones en el juicio a carcelarios
Durante la 23ª jornada del juicio por corrupción en la Unidad Carcelaria 1 de Salta, el Ministerio Público Fiscal expuso una investigación que reveló un sistema criminal dentro del penal, involucrando a funcionarios penitenciarios, internos y familiares.
El fiscal Torres Rubelt denunció un contexto de corrupción estructural y mercantilización de la vida carcelaria, donde los reclusos accedían fácilmente a drogas y compraban beneficios. El Estado, en vez de rehabilitar, facilitaba la reincidencia delictiva. Se describió una red narcocriminal con tres niveles: internos líderes, familiares que gestionaban dinero y droga, y funcionarios que facilitaban el ingreso y comercialización dentro del penal.
El circuito incluía cuentas bancarias, billeteras virtuales y triangulación de pagos.
Algunos imputados quedaron fuera de la acusación por falta de pruebas o por haber actuado bajo amenaza.
Sin embargo, se confirmó la responsabilidad de varios funcionarios del Servicio Penitenciario, implicados en tráfico de drogas y exacciones ilegales.
La fiscal Salinas Odorisio subrayó que la investigación se inició con denuncias internas y que se enfrentaron muchas dificultades por el miedo de los testigos y la opacidad del sistema penitenciario. Destacó la sofisticación del esquema criminal y la dificultad de acceso a información debido a la estructura cerrada del penal.
Tres niveles en la red
Una compleja organización delictiva, estructurada en tres niveles claramente definidos, fue desarticulada tras una exhaustiva investigación judicial.
En el centro de la red se encontraban los internos Manuel Méndez y Héctor Banegas, quienes lideraban las operaciones desde el interior del penal. El segundo engranaje de la estructura criminal lo componían familiares directos de los internos: María Inés Méndez, madre de Manuel, e Ivana Gutiérrez, esposa de Banegas. Estas mujeres actuaban como el nexo externo, encargándose de tareas clave como la apertura y triangulación de cuentas bancarias, el cobro de dinero, la adquisición de droga, su preparación, prensado, acondicionamiento e ingreso al penal. Para las maniobras financieras contaban con la colaboración de terceros que facilitaban sus cuentas personales.
El tercer eslabón lo constituía personal del Servicio Penitenciario: Moya, Bisceglia, Alarcón, Castaño, Bucotich y Arjona. Estos agentes no solo permitieron el ingreso de estupefacientes al penal, sino también su comercialización, generando un entorno de impunidad para que Méndez pudiera operar sin obstáculos. “Estamos ante una empresa criminal sofisticada, enquistada en el corazón del Servicio Penitenciario de nuestra provincia”, afirmó el fiscal del caso.
Durante su exposición, el fiscal subrayó que la Unidad Fiscal de Investigaciones sobre Narcotráfico (UFINAR) nunca recibió informes ni denuncias sobre personal penitenciario intentando ingresar droga, ni sobre internos vendiéndola, a pesar de que múltiples testimonios —incluidos los de autoridades, familiares e internos— dieron cuenta del elevado consumo dentro del penal. También se refirió a las deudas que los internos acumulaban por consumo y a las requisas simuladas.
Retiro de acusación
El fiscal Torres Rubelt indicó que, si bien cuentan con pruebas, durante el juicio no pudo ser acreditado con el grado de certeza necesario la participación de Silvana Avendaño en la organización criminal, por lo que retiró la acusación. Idéntica medida tomó con Andrea Abigail Alba (hija de Cristina Galindo), aunque como durante el allanamiento a su domicilio le fueron secuestrados 15 gramos de cocaína, será acusada por tenencia simple de estupefacientes.