Solicitan un diagnóstico sobre la practica oficial de la ILE y la IVE
A casi dos años de la sanción de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), todavía en nuestra provincia se evidencian desconocimientos sobre este derecho, que van desde la falta de acceso a la información, hasta persecuciones a profesionales de la salud.
En este punto está el caso de la médica residente Miranda Ruiz, que resultó denunciada y enjuiciada por aplicar la ILE.
En términos de visibilización de derechos, para acordar un diagnóstico respecto a la aplicación de la Ley 27610 en la provincia y proponer acciones para para su plena implementación se reunieron con el Ministro de Salud Juan José Esteban, integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito regional Salta, la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, Católicas por el Derecho a Decidir, y Nuevo Encuentro,
En la reunión también estuvieron presentes el Supervisor de Salud Sexual y Procreación Responsable Javier YapuraSusana Velazco Patricia LealItatí Carrique.
Según detalló Sofía Fernández de la Campaña Nacional por el Derecho Aborto Legal, Seguro y Gratuito en la provincia de Salta a Nuevo Diario, el foco estuvo puesto en la objeción de conciencia institucional tanto en el sector público como en las obras sociales y prepagas, la escasez de profesionales garantes del derecho, la desigualdad territorial en el acceso al mismo y la dificultad en el acceso a la ILE (Interrupción Legal de Embarazo).
En relación a las obras sociales y prepagas, les informaron que mantuvieron reuniones con la Superintendencia de Servicios de Salud y que la mayoría de las obras sociales ya están cubriendo la práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
En ese marco, y en relación al sistema público de salud, se comprometieron a agilizar el acceso a IVE e ILE a través de un número de contacto local, y realizar una campaña de difusión de la Ley 27610 y las vías de acceso a las interrupciones de embarazos.
También a ampliar el acceso a IVE en el primer nivel de atención, capacitar a profesionales e instruir al personal administrativo y médico al respecto de que la objeción de conciencia solo puede ser realizada en la práctica y no en el pre y post aborto.
Se comprometieron además a garantizar la realización de ILEs en la provincia, mediante la capacitación de profesionales y reactivar el servicio de ginecología del Hospital Papa Francisco, que venía siendo exclusivamente centro de atención COVID.