Tartagal: Acusación formal y pedido de prisión para Carla Cordero por concusión
El abogado Alexis Rambert Ríos brindó detalles sobre la investigación judicial que involucra a Carla Cordero, Sandra Domínguez, Lautaro Hurtado y Celeste Robles, en un caso por presunta corrupción vinculado al programa social “Acompañar” en Tartagal.
Rambert Ríos fue el penalista que acompañó la denuncia inicial presentada por tres ex concejales: el electo diputado provincial Nicolás Arce, el actual secretario de Gobierno Ernesto Restom, y la dirigente social Elba Rodas.
La acusación formal se radicó en el Escuadrón 52 de Gendarmería Nacional en Tartagal, donde el abogado ejerció la asistencia legal desde un primer momento.
“Nos enteramos públicamente que Carla Cordero, Sandra Domínguez y su hijo Hurtado fueron acusados por el fiscal Romero por el delito de concusión. Este delito se configura cuando un funcionario público exige dádivas a cambio de otorgar beneficios” , explicó Rambert Ríos.
El abogado explicó que el código penal establece una pena privativa de libertad para el delito de concusión. Señaló que Carla Cordero, junto a otras personas, gestionaba la entrega mensual de ayuda económica mediante el programa Acompañar en Tartagal.
Proceso Judicial
Rambert Ríos destacó la importancia de que exista una acusación formal en el caso, subrayando que esto marca un avance significativo en la investigación. A pesar de la gravedad de la situación, valoró que el proceso se esté desarrollando con seriedad y transparencia.
Además, explicó que una vez que se hayan evaluado todos los elementos y recaudos legales correspondientes, el caso avanzará a la etapa de juicio. Esto garantizará que se sigan los procedimientos adecuados para determinar responsabilidades.
“Es lamentable la situación, pero hoy existe una investigación seria y una acusación formal. Tras evaluar todos los recaudos necesarios, se procederá al juicio“, detalló.
El abogado también resaltó la validez de la denuncia original que él mismo acompañó desde la instancia inicial. Con esta solicitud de pena, el caso avanzará a la etapa de juicio oral, donde se definirán las responsabilidades legales de los acusados por este presunto desvío de fondos públicos.