Tartagal: denuncian planillas infladas, déficit oculto y un Concejo fracturado

La denuncia presentada por la concejala radical Margarita Rauch ante la Auditoría General de la Provincia y los tribunales ordinarios abrió uno de los capítulos institucionales más delicados que atraviesa Tartagal en los últimos años.

Según expuso la edil en diálogo con Nuevo Diario, las irregularidades detectadas en el Concejo Deliberante y en el Ejecutivo municipal no sólo comprometen el manejo de fondos públicos, sino que afectan la transparencia de los actos administrativos y el funcionamiento mismo de los órganos de control. El caso estalló después de semanas de tensión interna, polémicas votaciones y acusaciones cruzadas. Pero para Rauch, lo que ahora sale a la superficie es apenas la consecuencia visible de un sistema que, asegura, viene desordenado desde hace tiempo.

Una denuncia que enciende las alarmas

Rauch explicó que la presentación formal incluye documentación comparativa entre las planillas laborales, las erogaciones efectivamente realizadas y los listados de personal que figuran oficialmente.

La diferencia entre los números fue, según sus palabras, “categórica”. Mientras que el Concejo debería contar con 35 empleados, las planillas muestran 99. Más de 60 nombres no tendrían justificación funcional ni contratos respaldatorios. La edil afirmó que muchos de ellos percibían pagos “quincenales o mensuales” sin relación laboral demostrable, y atribuyó ese mecanismo a una red de “favores políticos” enquistada en la estructura deliberativa. La controversia se profundizó cuando se difundieron en medios nacionales supuestos sueldos millonarios de los concejales, que superaban los dos millones de pesos. Según Rauch, esto no se condice con la realidad: durante casi todo el año percibieron remuneraciones que no superaron los ochocientos mil pesos. “Si los sueldos publicados no existieron, ¿de dónde sale esa diferencia? ¿Dónde está la plata?”, cuestionó. Asegura que, a pesar de los reclamos, la respuesta del Ejecutivo fue “silencio total”. La edil sostuvo que las inconsistencias no se limitan al Concejo. Según detalló, el Ejecutivo municipal presentó rendiciones trimestrales obligatorias que no coinciden con las erogaciones efectivamente realizadas. “Los números no cierran. Hay gastos informados que nunca se ejecutaron”, dijo.

La Auditoría y la Justicia ya tienen el expediente

La denuncia fue remitida a la Auditoría General de la Provincia junto con notas complementarias y la planilla comparativa de irregularidades. “La Auditoría tomó conocimiento formal y esperamos que avance en el análisis. Presentamos todo lo que corresponde y ahora es la Justicia la que debe determinar responsabilidades administrativas y penales”, afirmó. Entre los posibles delitos que se investigan figuran peculado y administración fraudulenta. Para Rauch, el objetivo es “devolverle credibilidad al Concejo y garantizar que los recursos públicos sean debidamente controlados”.

También denuncian maniobras en el Concejo

La denuncia llega en un clima legislativo enrarecido. Días atrás, el cuerpo protagonizó una sesión polémica en la que debía tratarse el dictamen de la Comisión Investigadora para remover al presidente del Concejo, Armando Leguizamón, acusado de no presentar rendiciones y de manejar fondos sin transparencia. La sesión se convocó en una fecha en la que se sabía que Rauch no podría asistir por una cirugía programada, reduciendo la representación opositora. El dictamen terminó empatado y Leguizamón desempató a su favor, archivando el pedido de remoción. Para la edil, fue “un ejemplo del blindaje político que intenta sostener una forma de gestión que elude cualquier control”. El episodio expuso también un conflicto de fondo: la ruptura del criterio institucional y la pérdida de confianza interna. “El Concejo debe ser el primer garante de transparencia, pero lo que vimos fue exactamente lo contrario”, apuntó.

Un presupuesto cuestionado

Mientras la denuncia avanzaba en los organismos de control, el viernes pasado el Concejo volvió a sesionar para tratar dos proyectos clave: la unidad tributaria municipal y el presupuesto 2026. La sesión comenzó dos horas después del horario fijado y se extendió hasta la noche. Rauch, junto con Sergio Jure y Manuel Moreno, votó en contra del presupuesto y de la suba del 30% en la unidad tributaria. Según señaló, la documentación estaba incompleta y no se exhibieron los números reales del déficit municipal. “Es un presupuesto no equilibrado desde la base. El Ejecutivo, en lugar de ajustar el gasto político, vuelve a cargar sobre los contribuyentes”, afirmó.

La edil remarcó que la recaudación por tasas representa apenas el 17% del total del presupuesto y que existen alternativas para una administración más eficiente sin trasladar aumentos al ciudadano. También recordó que antes de la discusión presupuestaria, un grupo de comunidades originarias —de las 115 que conviven en Tartagal— había presentado un pedido formal para ser contempladas en la asignación de partidas. “Para todo 2026 sólo se prevén tres millones de pesos destinados a políticas dirigidas a comunidades originarias. Es obsceno compararlo con el resto del gasto municipal”, dijo.

Gobernar con cuentas bajo sospecha

La edil reconoce que “el daño ya está hecho”, pero asegura que la nueva composición del Concejo tras el 10 de diciembre abre la posibilidad de reorganizar el funcionamiento interno y restablecer criterios mínimos de control. “Lo único que pedimos es que se respete la ley y que dejemos de naturalizar prácticas que perjudican directamente a los tartagalenses”, expresó. De cara al próximo año, Tartagal enfrentará un presupuesto deficitario, un esquema tributario más oneroso para la población y una investigación abierta que toca de lleno al Ejecutivo municipal. No obstante, Rauch insistió: “Vamos a seguir trabajando para que esto se esclarezca. Tartagal merece saber qué pasó con su dinero y merece instituciones que funcionen con transparencia”.