Tartagal reordena su transporte con prueba piloto y control municipal

Tras semanas de tensión e incertidumbre, el nuevo esquema con dos corredores ya está en marcha, mientras el municipio fiscaliza frecuencias y busca regular taxis compartidos y mototaxis. La salida de Urkupiña del circuito urbano suma malestar entre usuarios.

Un sistema en fase de prueba permanente

El sistema de transporte urbano de Tartagal atraviesa una etapa de transición marcada por el ensayo permanente. Desde el 25 de marzo, la ciudad funciona bajo un nuevo esquema con dos corredores principales —Norte y Sur— operados por la empresa San Antonio, en lo que el Ejecutivo define como una “prueba piloto” con monitoreo en tiempo real. El secretario de Gobierno, Ernesto Restom, confirmó que el municipio evalúa el funcionamiento del servicio sobre la marcha, ajustando frecuencias y disponibilidad según la demanda. En concreto, el sistema opera con una base de 30 minutos entre unidades, pero con la promesa de reforzar horarios pico —especialmente escolares y laborales— y reducir circulación en momentos de menor uso. Una lógica eficiente en los papeles. En la práctica, una coreografía que todavía está tratando de no pisarse.

Frecuencias, unidades y funcionamiento

Actualmente, unas 15 unidades cubren los recorridos, con jornadas que comienzan a las 6.15 y se extienden hasta las 22.30, con un corte intermedio por la tarde. El tiempo estimado de cada circuito ronda los 45 minutos, aunque ese dato también forma parte del “testeo”. El rediseño implicó una reducción significativa: de cinco corredores urbanos a solo dos ejes transversales. La apuesta oficial es simplificar el sistema, concentrar recursos y mejorar la cobertura. El riesgo, bastante evidente, es dejar zonas más dependientes de un esquema todavía inestable. En ese contexto, el municipio destacó que las unidades cumplen con estándares de limpieza y comodidad, en un intento de mostrar una mejora en la calidad del servicio. Un detalle no menor en una ciudad que viene de una crisis profunda en materia de transporte.

Tarifa, emergencia y el rol del Concejo Deliberante

El boleto, por ahora, se mantiene en 1.100 pesos, mientras Tartagal sigue formalmente bajo Emergencia en transporte, una condición que explica —y al mismo tiempo justifica— decisiones tomadas sin pasar por el Concejo Deliberante. De hecho, el acuerdo con la empresa San Antonio todavía no fue tratado por el cuerpo legislativo, lo que anticipa un debate político inevitable en las próximas semanas. Mientras tanto, hay cuestiones más urgentes para los usuarios: por ejemplo, la imposibilidad de utilizar la Tarjeta Estudiantil. Muchos pases estaban vinculados a la empresa anterior, “13 de Junio”, y ahora deben ser revalidados. Traducido: estudiantes y familias haciendo trámites en medio de un sistema que todavía se está armando.

El intento de ordenar los servicios alternativos

Como si faltara algo, el municipio también avanzó en la regulación del resto del ecosistema de transporte. Restom desmintió que se busque prohibir los servicios alternativos, pero confirmó que se trabaja en una modificación de la Ordenanza 1322 para incorporar formalmente al taxi compartido y al mototaxi. El objetivo declarado es evitar tarifas descontroladas y garantizar condiciones de seguridad. El objetivo implícito es ordenar un mercado que, cuando el transporte formal falla, se organiza solo. Y eso, para cualquier Estado, siempre resulta incómodo.

Conflicto con Urkupiña

En paralelo, otra decisión encendió la polémica: la intimación a la empresa Urkupiña para que deje de circular por los corredores urbanos y se limite a operar por Ruta Nacional 34 hasta la terminal. La medida se apoya en normativas vigentes que prohíben la superposición entre servicios urbanos e interurbanos. La reacción no tardó en aparecer. Estudiantes, trabajadores y vecinos que utilizaban ese servicio —especialmente en zonas más alejadas— cuestionaron la decisión, señalando que, en muchos casos, era la única alternativa frente a las demoras del sistema urbano.

El resultado es un escenario conocido: un sistema en reconstrucción, decisiones técnicas que impactan en la vida cotidiana y usuarios que quedan atrapados en el medio, esperando que el “período de prueba” no se convierta en otro capítulo largo de improvisación que vuelva a tensionar y a mantener en vilo a una de las ciudades más grandes del norte salteño.