Temor por las consecuencias si aprueban el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos

Este jueves se conoció que el Gobierno Nacional de Javier Milei -negacionista del cambio climático- finalmente convalidó la polémica actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos en la provincia de Salta.

La convalidación se hizo pese a las numerosas oposiciones planteadas desde los sectores ambientalistas, pero también desde la sociedad en general y hasta desde los propios legisladores que ven en esta nueva disposición, una avanzada de la denominada frontera agropecuaria con distintos proyectos de desarrollo a partir de la generación de un nuevo color -marrón- en el semáforo territorial, todo esto sobre los bosques nativos y las comunidades originarias, con las consecuencias preocupantes sobre los territorios y el ambiente.

Este pulgar arriba desde Nación, responde también a los insistentes pedidos del campo salteño para avanzar con sus proyectos a contrareloj, atento a que es de público conocimiento la legislación internacional en materia ambiental con la Resolución 1115/23 de la Unión Europea, que establece que a partir de 2025 solo se introducirán en ese mercado materias primas y productos que estén libres de deforestación. De este modo y en las circunstancias presentes, la comercialización les resultaría imposible a los salteños- de ahí la premura de obtener los marcos legales “flexibles”- Con un nuevo OTBN, incluido su nuevo color, todos estos obstáculos estarían salvados.

Con la venia de Nación

Según información oficial del Gobierno de la provincia, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable Martín de los Ríos se reunió este jueves con la subsecretaria de Ambiente de Nación Ana María Vidal de Lamas y el director nacional de Bosques Octavio Pérez Pardo, en el marco de una nueva presentación del proyecto de actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. El mismo fue convalidado por las autoridades nacionales. Desde la provincia argumentaron que este nuevo modelo protege de forma más eficiente la diversidad biológica y cultural de los agroecosistemas.

Los incumplimientos planteados

Según datos oficiales que aporta la ONG Greenpeace y la Fundación Cebil de Salta, desde la sanción, a fines de 2007, de la Ley Nacional de Bosques (26.331) hasta fines de 2022 en la provincia de Salta se desmontaron 714.052 hectáreas. Cabe advertir que gran parte de los desmontes se realizaron en zonas donde no está permitido (Categorías I – rojo, II – amarillo). Además, deben considerarse los amparos ambientales en proceso judicial, como el caso de amparistas colectivos en defensa de la Selva de Yungas de San Lorenzo contra los desmontes de Los Maitines S.A., Exp. N° 78.2810/22.

Asimismo, alertan que el nuevo OTBN de Salta permitirá el desmonte legal de otras 721.568 hectáreas, una superficie sumamente excesiva teniendo la provincia en las últimas tres décadas, y que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en el año 2022 un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030. Las actualizaciones de los Ordenamientos Territoriales de Bosques Nativos de las provincias deberían ir en esa dirección.

En tanto observaron también que la zonificación propuesta no respeta el principio de no regresión ambiental. Este mecanismo es similar al utilizado para permitir las recategorizaciones prediales ilegales realizadas en la anterior gestión. De esta forma, se trata de una zonificación flexible, lo que en la práctica no es una zonificación, ya que no determina claramente dónde se puede y dónde no se puede desmontar. Además, la categoría marrón no está contemplada en la Ley Nacional de Bosques, ni fue puesta a consideración en las reuniones oficiales con el Consejo Asesor. Esta metodología puede implicar decisiones arbitrarias del Poder Ejecutivo provincial y no favorecen al control social de los desmontes ilegales.

Inconsulto

Meses atrás, según publicó Nuevo Diario, el equipo de Cebil, acompañado por voluntarios de Greenpeace, realizó un recorrido exhaustivo por la zona norte de la provincia de Salta, visitando comunidades desde Pichanal hasta Tartagal, y en áreas como Orán, donde habitan pueblos wichí y otras comunidades indígenas organizadas bajo agrupaciones como Tinkunaku y otras. Durante estas visitas, el objetivo principal era preguntar a los referentes locales si habían sido informados o consultados y la respuesta fue negativa y las dudas confirmadas.

Las advertencias de los legisladores salteños

Cabe recordar, que pese a la insistencia del Ejecutivo provincial y de las entidades del campo interesadas en avanzar con el tratamiento de este ordenamiento en las cámaras legislativas de la provincia, el pasado 23 de octubre los miembros de la Comisión de Minería, Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Cámara de Senadores elevaron una nota al titular de la cartera de Producción y Ambiente de la provincia, Martín de los Ríos trasladándole su “preocupación para con la actualización del OTBN”.

En ese momento, no sólo le recordaba al ministro que no contaban con el proyecto, sino que se mostraron alertas frente a la cantidad de notas recibidas por parte de referentes ambientales, organizaciones sociales e instituciones varias “con auténtica y valida aflicción”, le remarcaron. De esta forma le requirieron a De los Ríos la información completa y necesaria, al tiempo que ponderaron la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en relación a las Comunidades Indígenas y Campesinas.

Los efectos

La principal causa de la pérdida de bosques en Argentina es el avance de la frontera agropecuaria para ganadería y soja que en gran medida se exporta a Asia y Europa, sobre todo en la región del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más grande del continente, indicó Greenpeace en su último informe al que accedió Nuevo Diario.

“Teniendo en cuenta el compromiso climático que firmó Argentina de alcanzar Deforestación Cero para el año 2030, es preocupante que aún se mantengan altos niveles de desmonte, y que la mayoría sean ilegales”, señalaron.