Topo Ramos respondió a las críticas por el sorteo del IPV en Rosario de Lerma
El intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, salió al cruce de los cuestionamientos surgidos tras el sorteo de viviendas del IPV, donde resultó sorteada una concejala de su partido político. Además, negó que el municipio haya intervenido en el proceso.
Sergio “Topo” Ramos sostuvo, en un posteo publicado en su cuenta oficial de Facebook, que recibió numerosas críticas durante los últimos días. También rechazó los señalamientos que lo responsabilizan por el resultado del sorteo. Según afirmó, todas las etapas estuvieron a cargo del Instituto Provincial de Vivienda.
El jefe comunal remarcó que el IPV realizó el procedimiento y que, además, lo desarrolló de manera pública. En ese sentido, sostuvo que las autoridades del organismo verificaron que los participantes cumplieran con las condiciones establecidas por la normativa.
Ramos reconoció que el resultado podía generar malestar entre quienes esperaban acceder a una vivienda, especialmente por la participación de dirigentes políticos. Sin embargo, planteó que la eventual habilitación de un funcionario para intervenir en un sorteo debe evaluarse dentro del marco legal correspondiente. También sostuvo que cada participante debe asumir las consecuencias de su decisión.
Aurelia Córdoba quedó en el centro de la polémica por una vivienda del IPV
La controversia surgió luego del sorteo que se realizó el 1 de octubre en el Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma. Entre las personas preseleccionadas para las 93 viviendas apareció Aurelia Córdoba, concejala y ex presidenta del Concejo Deliberante. La edil integra el oficialismo de Sergio “Topo” Ramos. El procedimiento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, y la Escribanía de Gobierno certificó el acto.
La concejala opositora Camila Jorge cuestionó públicamente el caso. Pidió conocer qué requisitos acreditó Córdoba, bajo qué condiciones la habilitaron y qué grupo familiar declaró al momento de participar. Jorge también recordó que su par había acompañado anteriormente iniciativas vinculadas con el control de viviendas sociales.
“Una banca no debería convertirse en un escudo frente a los cuestionamientos de la ciudadanía”, sostuvo.
La dimensión del reclamo se entiende por la cantidad de familias que participaron. El IPV habilitó a 530 postulantes que cumplieron con las condiciones establecidas, mientras que las unidades disponibles eran 93. Los participantes debían contar con la ficha social inscripta o actualizada dentro del período correspondiente. Además, tenían que acreditar ingresos de al menos tres salarios mínimos, vitales y móviles. Tras el sorteo, el organismo estableció un plazo de 10 días para presentar observaciones o impugnaciones fundamentadas sobre las familias preadjudicatarias.