Trabajan en el nuevo mapa de ordenamiento territorial de Bosques Nativos
El Ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta, Martín de los Ríos, y el secretario de Ambiente Alejandro Aldázabal, iniciaron las reuniones 2022 del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).
Los plazos para la elaboración de esta nueva cartografía se encuentran sobrepasados, se aguarda avancen en las próximas reuniones, donde se espera participe el sector agrario, de gran relevancia por su actividad e impacto ambiental.
"Tenemos una obligación legal de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de esta forma: abierta, absolutamente transparente y participativa", sostuvo el ministro de los Ríos.
Agregó: "Este proceso y continuidad de trabajo técnico tiene que confluir en un resultado virtuoso producto de la opinión, conocimiento, participación, responsabilidad y sustento técnico de todos los que estamos trabajando."
En la primera parte del encuentro se expuso lo actuado hasta el momento, incluyendo las reuniones del Consejo y los talleres informativos realizados con comunidades originarias, pequeños productores, comunidades criollas, realizados desde el inicio del proceso en 2021, en los distintos municipios y localidades con bosque.
Seguidamente los técnicos a cargo explicaron las falencias del mapa de 2009 y la necesidad de elaborar una nueva cartografía teniendo como primer mandato, en todos los sentidos, el principio de no regresividad. En la misma línea presentaron la metodología participativa, inclusiva y vinculante, de la cual saldrá un nuevo mapa de OTBN.
Durante la tarde, los presentes organizados en grupos trabajaron con la aplicación del método Q, herramienta utilizada para agrupar percepciones y relevarlas.
Cabe recordar que la modificación del Mapa de Ordenamiento Territorial de la provincia fue una meta no alcanzada durante la gobernación de Juan Manuel Urtubey y que fuera heredada a la actual gestión.
Los cuestionamientos de los sectores ambientalistas radicales a esta modificación se sustentan en que se trataría de "un blanqueo de la cantidad de superficie desmontada, sobre todo durante la pandemia, cuando ni siquiera esta actividad estaba autorizada.