Transportistas de la discapacidad marcharon por las calles de Salta
En consonancia con las manifestaciones que se dieron en todo el país, los transportistas para las personas con discapacidad marcharon por las calles de Salta.
Ante la realidad aseveran que el sector se encuentra en quiebra, ante la falta de actualización real de tarifas por sus servicios, y el silencio total por parte del Gobierno Nacional y de los representantes de la Agencia Nacional de la Discapacidad.
A través de un comunicado oficial al que accedió Nuevo Diario, desde la Asociación de Transportistas de Discapacidad de Salta advirtieron que el reciente aumento de aranceles para el valor del km para el transporte de discapacidad de un 20% para enero y 10% para febrero de 2024 acumulable, resulta “totalmente desproporcionado en relación a la inflación que sufrimos desde el año 2023 y este año 2024, generando gran preocupación y descontento en el sector de trabajadores de Discapacidad, enfatizando aún más la crisis económica por la que atraviesa cada trabajador”.
De este modo, los transportistas declararon este miércoles paro y movilización con suspensión de servicios. Idénticas marchas se realizaron en las principales ciudades del país, manteniendo idéntica consigna, en tanto que la principal concentración se dio en Olivos, en la casa del presidente Javier Milei, pese a que se encuentra en estos días de gira en el exterior.
Los manifestantes, de este modo, hicieron entrega de un petitorio, en el cual se expresaron: “el Foro Permanente de Discapacidad, representante de escuelas especiales, centros de día, Centro Educativo Terapéutico, hogares, transportes, estimulación temprana, apoyo a inclusión educativa, rehabilitación, entre otros, alertan sobre la grave situación de emergencia en la atención a personas con discapacidad que provocó cierres de muchas instituciones históricas y lleva a tomar estas medidas de movilización junto con el colectivo de familias, usuarios, profesionales e instituciones”.
Asimismo, denunciaron que “las obras sociales nacionales tienen una demora entre 60 y 90 días, con lo cual, cuando recibimos los pagos, estamos totalmente desactualizados y mantener el funcionamiento de las instituciones es prácticamente imposible, lo cual vulnera los derechos de las personas con discapacidad”.
En tanto, y sin tener contacto con los manifestantes, desde la Agencia Nacional de la Discapaciddad difundieron un comunicado en el que aseveraron que “desde que asumieron las nuevas autoridades se convocó y recibió a todos los prestadores de discapacidad para conocer sus demandas y responder a sus necesidades”. Y agregaron que “esta nueva gestión está enfocada no sólo en acercar la mejor propuesta posible -tendiente al fortalecimiento y la mejora en la calidad de los servicios-, sino que también se encuentra abocada a la implementación de las medidas necesarias para la reformulación de todo el sistema de prestaciones”.
Por último, agregaron que “el plan de trabajo es integral e incluye la reducción de los tiempos en el pago a prestadores, la actualización de las guías de categorizaciones para instituciones vinculadas a la discapacidad contemplando los requisitos básicos de habilitación, pero facilitando el registro y la agilización del proceso de obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD)”.