Tras denuncias y quejas, reactivan el relevamiento territorial indígena
Desde Nación, este lunes se informó en el Boletín Oficial la Resolución 186/2025 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), mediante la cual se aprobó un nuevo convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta para dar continuidad a las acciones de relevamiento técnico, jurídico y catastral de las comunidades indígenas del territorio provincial.
La medida surge después de la exposición pública de las cifras que revelaron que más de 140 mil indígenas en Salta quedaron sin protección territorial tras la derogación de la Ley 26.160.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) formalizó este lunes, a través de la Resolución 186/2025 publicada en el Boletín Oficial, la aprobación de una adenda al convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de Salta, que permitirá reconducir por seis meses las acciones de relevamiento territorial de comunidades indígenas en la provincia. El acuerdo reactiva los trabajos técnicos, jurídicos y catastrales que habían quedado interrumpidos tras la derogación de la Ley 26.160, ocurrida en diciembre de 2024, medida que dejó sin resguardo legal a miles de familias originarias frente a posibles desalojos. Según el texto oficial, el convenio —originalmente suscripto en 2023— preveía la realización de 110 relevamientos territoriales y la continuidad del trabajo del Equipo Técnico Operativo (ETO), que había avanzado en la finalización de procesos iniciados en años anteriores. El nuevo instrumento legal establece la reconducción del acuerdo por seis meses y la utilización de un saldo remanente de $53.448.868,28, destinado a cubrir los honorarios y completar las actividades pendientes. El documento, firmado por el presidente del INAI, Claudio Bernardo Avruj, ratifica que la medida se enmarca en las facultades que otorga la Ley 23.302 y el Decreto 308/2024, y busca “garantizar a las comunidades indígenas los derechos constitucionalmente reconocidos y regulados por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, el cual dispone que los Estados deben asegurar la protección efectiva de la propiedad y posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios.
Un paso por detrás
El nuevo convenio se da en un contexto de reclamos y denuncias públicas por parte de comunidades del norte salteño, que vienen advirtiendo sobre la paralización de los relevamientos territoriales desde la eliminación de la Ley 26.160. De acuerdo con un informe reciente del medio Ciudadana Comunicación, más de 140 mil personas indígenas en Salta quedaron sin protección territorial luego de la derogación del decreto que prorrogaba la norma (DNU 805/2021). La cifra equivale al 11% de la población provincial, según el Censo 2022, que reconoció a 142.870 personas como indígenas o descendientes de pueblos originarios. El estudio detalló que Salta es la provincia más afectada del país, con 76 comunidades en proceso de relevamiento bajo el Programa Nacional de Relevamiento Territorial (Re.Te.C.I.), aunque hasta fines de 2024 solo se había ejecutado el 40% del presupuesto previsto. La interrupción de los trabajos dejó inconclusas numerosas identificaciones catastrales, lo que facilitó la reactivación de juicios por desalojo y conflictos con empresas agroindustriales y proyectos extractivos.
La reestructuración del INAI y las advertencias internacionales
La derogación de la Ley 26.160 fue acompañada por una reorganización institucional del INAI, que perdió autonomía tras ser absorbido por la Vicejefatura de Gabinete mediante los decretos 1073/2024 y 438/2025. Esto implicó la parálisis de los Consejos de Participación Indígena y de los equipos técnicos provinciales, que quedaron sin capacidad operativa. El proceso fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un comunicado advirtió que la suspensión del relevamiento “puede afectar la protección de los derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas del país”. Asimismo, organismos internacionales recordaron que desde septiembre de 2024 el INAI suspendió las inscripciones en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), afectando a unas 250 comunidades que todavía no habían sido reconocidas formalmente.
El último informe anual del INAI (2023) registraba 988 relevamientos finalizados y proyectaba completar el mapa territorial antes de noviembre de 2025. Sin embargo, la derogación de la ley interrumpió ese proceso y desarticuló una política pública vigente desde 2006.Con la aprobación de la Resolución 186/2025, el Gobierno nacional y la Provincia de Salta buscan ahora reencauzar parcialmente los trabajos pendientes, utilizando los fondos aún disponibles y priorizando los casos judicializados.
Se trata, una vez más, de un alivio temporal para las comunidades más expuestas a conflictos por tierra, mientras los pueblos originarios y organizaciones sociales continúan reclamando la restitución de un marco legal que garantice la protección frente a desalojos y la continuidad del relevamiento territorial indígena.