Tras el escándalo, el intendente de Embarcación vetó el aumento del 40% de las dietas de ediles

La decisión del intendente Carlos Funes de vetar el aumento del 40% en las dietas de los concejales de Embarcación no sólo desactivó un incremento salarial que había generado fuerte malestar social, sino que dejó al descubierto una disputa política, institucional y jurídica de fondo dentro del Concejo Deliberante local.

El conflicto se produce semanas después del escándalo por el intento de suba de haberes, en un contexto económico adverso y con un fuerte cuestionamiento ciudadano a los privilegios de la dirigencia. El incremento había sido aprobado por mayoría simple mediante la Resolución 334/25, impulsada por los concejales Martín Córdoba, Luciano Caballero, Santos Cornejo y Marianela Rodríguez, con el acompañamiento del presidente del cuerpo, Ramiro Morales. En la vereda opuesta se posicionaron Carlos Meilán, Carlos Bohuid y Erika García, mientras que Belén Yebara no pudo participar de la sesión por problemas de salud, aunque había anticipado su rechazo. Meilán dejó constancia en acta de que, en caso de aprobarse el aumento, renunciaría a percibirlo.

El veto y el recurso de revocatoria

Lejos de limitarse a un veto político, Funes formalizó su postura a través de un recurso de revocatoria interpuesto contra la Resolución 334/25 en todas sus partes, amparándose en el artículo 60 de la Carta Orgánica Municipal (Ley 6714) y en los artículos 152, 177 y 178 de la Ley de Procedimientos Administrativos provincial. El escrito fue presentado con el patrocinio del abogado Rolando Ferreyra, y apunta directamente a la legalidad del mecanismo elegido por el Concejo para avanzar con la suba salarial. Según el Ejecutivo, el aumento de dietas no podía instrumentarse mediante una resolución. El planteo se apoya en el propio reglamento interno del Concejo, que en su artículo 52 delimita claramente el alcance de las resoluciones y excluye de esa vía toda decisión que implique disposiciones de carácter imperativo que requieran promulgación del Departamento Ejecutivo. En ese punto, el intendente sostiene que el cuerpo deliberativo incurrió en una irregularidad formal que vuelve nula la medida.

Una ordenanza vigente

El segundo eje del planteo es aún más sensible desde el punto de vista político. Funes recordó que existe una ordenanza municipal de jerarquía superior, la N.º 705/23, plenamente vigente, que ya había establecido un aumento del 95% en las dietas de los concejales y del personal del Concejo, además de fijar un esquema de actualización automática atado a las paritarias provinciales, que rigen para los empleados municipales. En ese marco, el Ejecutivo detalló la evolución de los haberes legislativos: en octubre de 2023 se aplicó un incremento del 20% y en noviembre de ese mismo año otro del 25%, lo que representó un aumento acumulado del 45,5%.

Durante 2024, los incrementos alcanzaron el 159%, mientras que en 2025 se sumó un 23% adicional. En términos acumulados, las dietas habrían crecido un 227,5% por paritarias, cifra que, sumada al aumento del 95% dispuesto por la ordenanza, eleva el incremento total al 322,5% hasta la actualidad. Desde la óptica del Ejecutivo, estos números tornan “totalmente improcedente” cualquier intento de otorgar un nuevo aumento por fuera del esquema ya aprobado, y refuerzan la idea de que la Resolución 334/25 no sólo carece de sustento legal, sino que también resulta injustificable desde el punto de vista financiero y social.

El veto de Funes, en ese sentido, busca capitalizar el malestar ciudadano y posicionar al Ejecutivo como un actor que pone límites a los privilegios de la política. Al mismo tiempo, profundiza la fractura dentro del Concejo Deliberante, donde quedó expuesta una mayoría dispuesta a avanzar con la suba y una minoría que no sólo la rechazó, sino que la consideró éticamente inadmisible.

La solicitud del intendente para que el Concejo reconsidere y revoque la resolución abre ahora un nuevo capítulo institucional. El cuerpo deliberativo deberá decidir si insiste con la medida, con el riesgo de judicializar el conflicto, o si retrocede y admite los argumentos legales y políticos del Ejecutivo.