Tras otro fallo adverso, se reactiva el trámite de desafuero del diputado nacional Estrada
La Cámara Federal de Apelaciones de Salta dejó firme el pedido de desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada por negarse a presentarse a una audiencia de imputación, requerida por el fiscal general Carlos Amad, quien lo investiga por los delitos de peculado de servicio y abuso de autoridad.
En una audiencia que se extendió por más de dos horas, ayer, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, integrada por los jueces Santiago French (presidente), Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, rechazaron una nueva impugnación presentada por la defensa del diputado nacional, Emiliano Estrada.
De esta manera, se reactiva el pedido de desafuero dispuesto por la jueza federal de Garantías N°2 Mariela Giménez, el 6 de junio pasado, luego de que se negara a participar de una audiencia de formalización de la investigación penal en su contra.
Su presencia ante los tribunales federales había sido requerida por el fiscal general Carlos Martín Amad, de la Unidad Fiscal Salta, a fin de oficializar el inicio de una investigación por los delitos de peculado de servicio y abuso de autoridad.
El caso seguido contra Estrada surgió el 14 de noviembre del año pasado en la justicia provincial, en el marco de una causa penal que investigaba la posible comisión del delito de intimidación pública, en la que inicialmente fueron imputados dos asesores del legislador nacional.
El 6 de febrero pasado, al surgir evidencias de la posible participación del diputado, tanto en dicho delito como el de peculado de servicio, el juez de garantías, Pablo Zerdán, con intervención en la causa, se declaró incompetente y giró las actuaciones al fuero federal.
A los días, el 11 de ese mes, se celebró una audiencia de competencia, ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien declaró la competencia del caso y las actuaciones quedaron radicadas en la órbita de la justicia federal; la investigación del caso quedó en manos del fiscal general.
La jueza Giménez rechazó los planteos de Casanello y Puertas
A los meses, el 6 de junio pasado, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la celebración de una audiencia para formalizar el caso, aunque solo por los delitos de peculado de servicio y abuso de autoridad, dejando de lado la acusación de intimidación pública, planteada en la justicia provincial.
En dicha ocasión, y pese a ser notificado de la audiencia, Estrada no se presentó y su defensa confirmó que la inasistencia no se debió a razones de agenda, sino a una estrategia defensiva, pues adujeron que no estaba firme la asignación de un juez natural y la correspondiente jurisdicción.
Tal planteo se debió a dos pedidos de competencia nuevos. Uno, llamativamente, provino de la jueza de Garantías, Claudia Puertas, de la justicia provincial, al que se agregó otro interpuesto por el juez federal, Sebastián Casanello, del Juzgado Correccional 7 de Capital Federal.
Al respecto, la jueza Giménez rechazó ambos planteos, bajo el argumento de que la competencia es de la Justicia Federal de Salta porque el hecho fue cometido en esta jurisdicción y porque el “efecto del delito, que yo entiendo que es delito permanente, fue aquí en Salta”. Recordó que las cuestiones de competencias, que deben ser resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tienen efecto suspensivo, por lo que el caso debía seguir adelante. Ante ello, y dado que el diputado nacional y su defensa dejaron en claro que no iba a presentarse, el fiscal Amad invocó el artículo 49 del Código Procesal Penal Federal y la Ley Nacional de Fueros, cuyas normas establecen la prosecución del proceso penal contra un legislador hasta las instancias finales.
Si bien la defensa del legislador intentó resistir que se active el trámite de desafuero, los argumentos esgrimidos fueron rechazados.
La postura de la jueza en avanzar con el pedido de desafuero, fue confirmado luego por las dos salas de la Cámara Federal de Apelaciones, aunque el 11 de julio, en respuesta a una apelación de la defensa, la Cámara Federal de Casación Pena, integrada por los jueces Diego G. Barroetaveña, Gustavo Hornos y Daniel Petrone, admitió el planteo defensivo, en razón de que no había sustancia.
Discurso político
Tras resolver otros planteos de recusación presentados contra jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, se celebró ayer una audiencia para que la defensa formalice su impugnación, oportunidad en la que volvió a insistir en inconvenientes respecto al juez natural, a la indemnidad del legislador, respecto a su discurso político y a una supuesta fundamentación vaga e imprecisa de la imputación. Estos puntos, sin embargo, fueron ampliamente rebatidos por Amad, quien revalidó la decisión de la magistrada al asumir la competencia del caso, aunque reconoció la situación totalmente atípica, por haber tres jueces, con tres sistemas procesales distintos, que pugnan por quedarse con la causa. Rechazó la supuesta protección constitucional aludida por la defensa para su cliente, al recordar, con acierto, que este derecho sólo prevalece respecto a lo que el diputado diga en el recinto del congreso y no fuera de él, mucho menos desde el anonimato, como se sospecha en este caso. También rechazó las presuntas imprecisiones aludidas, pues adujo que estás se harán una vez que el legislador se siente en la audiencia de formalización de la investigación penal.