Trece años pagando por un servicio que asegura no haber recibido

Un vecino de un paraje rural del departamento de Cachi logró dejar de pagar el cargo de mantenimiento correspondiente al sistema de energía solar instalado en su vivienda, luego de denunciar públicamente que durante 13 años abonó por un servicio que, según afirmó, nunca fue realizado.

Julio Espinoza llevó su reclamo a Canal 7 Salta después de haber solicitado respuestas durante años ante intendentes, concejales, diputados y senadores. De acuerdo con su testimonio, las gestiones anteriores no habían permitido resolver la situación. El hombre vive en una zona alejada donde no existe una red eléctrica convencional y depende del panel solar para cubrir necesidades básicas. Su sistema fue instalado mediante el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), una iniciativa impulsada por el Estado nacional para abastecer de electricidad a poblaciones rurales dispersas.

Tras denuncia pública llegó la respuesta

Espinoza relató que, una vez difundido su caso, fue contactado por un directivo del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta. Tras mantener una extensa conversación, recibió una propuesta para dar de baja el cargo por mantenimiento y conservar el equipo instalado en su domicilio.El acuerdo implica, sin embargo, que desde ahora será el propio usuario quien deberá afrontar cualquier reparación o reemplazo de los componentes del sistema, como baterías, paneles o reguladores. La solución dejó conforme al vecino respecto de su situación particular, pero también abrió una serie de interrogantes sobre el funcionamiento del esquema y las condiciones bajo las cuales miles de familias recibieron estos equipos.

Trece años de pago bajo cuestionamientos

Espinoza sostuvo que abonó durante más de una década un cargo por mantenimiento, pese a que —siempre según su denuncia— no recibió visitas técnicas ni tareas periódicas sobre el sistema. A partir de esa experiencia, planteó que debería determinarse cuánto dinero pagaron las familias durante estos años, qué trabajos estaban incluidos en el abono y con qué frecuencia debían realizarse. También consideró necesario revisar los contratos y la normativa aplicable para establecer quién conserva la propiedad de los equipos: si pertenecen a la Provincia, al Estado nacional o si fueron entregados en comodato a los usuarios. Según las estimaciones difundidas junto con el reclamo, un sistema similar, compuesto por panel, batería, regulador e instalación, podría costar actualmente entre $700.000 y $1.400.000, dependiendo de sus características. Sobre esa base, Espinoza se preguntó si los montos abonados durante tantos años no habrían cubierto ampliamente el valor del equipamiento. Esa comparación, sin embargo, deberá ser analizada a partir de las condiciones contractuales, los cargos efectivamente pagados y las obligaciones asumidas por las empresas u organismos intervinientes.

Un sistema destinado a cubrir necesidades

Los equipos instalados mediante el PERMER permitieron llevar electricidad a hogares ubicados en lugares donde la extensión de la red tradicional resulta compleja o costosa. Los sistemas mencionados en el reclamo cuentan con una potencia aproximada de 200 Wp. Esa capacidad permite utilizar iluminación LED, cargar teléfonos celulares, escuchar una radio y conectar algunos dispositivos de bajo consumo, pero no resulta suficiente para sostener cocinas eléctricas, estufas o heladeras convencionales. En Salta, la iniciativa alcanzó a miles de hogares rurales que dependen de este tipo de tecnología para acceder a servicios esenciales.

El caso genera preguntas que todavía no cuentan con respuestas públicas: cuántas familias continúan pagando cargos similares, qué tareas de mantenimiento fueron realizadas, qué sucede con quienes no pueden afrontar el abono y si los beneficiarios podrían asumir directamente el cuidado básico de los equipos.

Espinoza recomendó a otros usuarios que atraviesen situaciones similares presentar un reclamo formal ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta y conservar las facturas, contratos y constancias de las gestiones efectuadas.

Hasta el momento, las acusaciones corresponden al testimonio del vecino y no se conoció una respuesta pública sobre este caso particular.

Tampoco se informó si el organismo regulador revisará la situación de otros beneficiarios del programa.