Tres pedidos de sesión para rechazar el veto a la Ley de financiamiento educativo

Confirmado el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, por la que una multitud marchó este miércoles ante el Congreso y en distintos puntos del país, la oposición en la Cámara de Diputados pidió una sesión con el objetivo de votar la insistencia de la ley y rechazar el veto.

Luego que ingresara formalmente al Congreso el decreto 879/24, publicado este jueves en el Boletín Oficial, se presentaron tres solicitudes para tratar el tema en el recinto el próximo miércoles a las 11 hs. Por su parte, Encuentro Federal, la bancada presidida por Miguel Pichetto, quería que todos los bloques suscribieran juntos, pero desde la conducción del bloque de la UCR no querían dejar la firma estampada junto a Unión por la Patria.

El primer pedido enviado al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, fue el de los radicales. La segunda solicitud fue la de Encuentro Federal junto a la Coalición Cívica, Movimiento Popular Neuquino y Por Santa Cruz, y la tercera de UP. Todos para el mismo día y horario, con lo cual lo más probable es que la Presidencia tome el pedido que ingresó primero cronológicamente cuando oficialice la convocatoria. Aunque el oficialismo cuenta con el antecedente reciente a su favor de haber logrado sostener la decisión del presidente Javier Milei en torno a la ley que recomponía jubilaciones, con la ayuda de los bautizados “87 héroes”, el panorama no parece en este caso favorable -por ahora- para La Libertad Avanza. Si hubiera asistencia perfecta, el oficialismo debería reunir 86 voluntades en contra de la insistencia de la ley. Pero los números necesarios, tanto para un lado como para el otro, disminuyen a medida que hay ausentes (con dos tercios de los presentes se lograría ratificar la ley).

De este modo el “poroteo” comenzará a tomar forma con el correr de los días.

¿Arancelamiento?

Mientras termina de pulir la estrategia para defender el veto en el Congreso, el Gobierno trabaja en un proyecto de ley para arancelar las universidades públicas a los extranjeros no residentes. Se trata de una iniciativa que estaba contenida en la primera versión de la ley Bases.

En los últimos meses se viene cocinando un proyecto de ley entre las carteras de Educación y de Modernización del Estado, que propone cambios en la enseñanza obligatoria y superior. Según se supo, la letra chica del texto persigue los objetivos que habían sido incluidos en un primer proyecto de la ley “Ómnibus” que no logró pasar el filtro del Parlamento en el verano.

Uno de los puntos que proponía la normativa era la de implementación de aranceles para todos aquellos extranjeros que, sin residencia ni radicación, quieran estudiar alguna carrera de estudio superior (universitarios y terciarios). La propuesta abarcaba a las instituciones de “educación superior de gestión estatal” y a universidades nacionales, y dejaba afuera del arancelamiento a los argentinos nativos y a los extranjeros con residencia en el país.

La propuesta nunca vio la luz ya que la ley “Ómnibus” fue retirada del Congreso por decisión del Poder Ejecutivo. Y, posteriormente, no fue incluida en la ley Bases aprobada en junio.

Milei podría recurrir a la justicia

Ante la posibilidad de que el Congreso de la Nación ratifique la Ley de Financiamiento Universitario ante el veto firmado por el presidente Javier Milei, desde el Gobierno ya anticiparon que recurrirán a la justicia y aclararon que “no” están en contra de la universidad pública y de darle más presupuesto, sino de “asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”, por lo que reiteraron la necesidad de auditarlas.

Así lo confirmó ayer jueves el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada: “El Gobierno no está en contra de darle más financiamiento a las universidades, de hecho, somos grandes defensores de la universidad pública. De lo que sí estamos en contra es de asignar una partida presupuestaria sin saber a dónde va a parar el dinero”.