Trump desafía orden judicial y deporta a cientos de presuntos pandilleros a El Salvador
La administración invoca una ley de 1798 para justificar las expulsiones; el juez federal James Boasberg había emitido una suspensión temporal.
La administración del presidente Donald Trump ha llevado a cabo la deportación de cientos de presuntos pandilleros, principalmente miembros de la organización venezolana Tren de Aragua y de la Mara Salvatrucha (MS-13), hacia El Salvador.
Para justificar estas acciones, el gobierno invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una normativa de tiempos de guerra que permite la deportación de ciudadanos de naciones enemigas sin necesidad de audiencias previas.
Esta ley utilizada anteriormente durante conflictos como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales, pero su aplicación en el contexto actual ha generado controversia debido a que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela.
El juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal de 14 días para detener las deportaciones bajo esta ley, argumentando que su aplicación podría causar “daño irreparable” a las personas afectadas.
Sin embargo, la administración Trump procedió con las deportaciones, alegando que los vuelos ya habían salido del espacio aéreo estadounidense cuando se emitió la orden judicial.
La Casa Blanca sostiene que los tribunales no tienen autoridad para controlar los poderes presidenciales relacionados con asuntos de seguridad nacional y deportaciones de extranjeros considerados terroristas.
Llegada a El Salvador y reacciones internacionales
A pesar de la orden judicial, un avión con 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la MS-13 aterrizó en El Salvador, donde fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo, una prisión de máxima seguridad.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, celebró la llegada de los deportados y destacó la cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el crimen organizado.
Bukele compartió un video en sus redes sociales mostrando el arribo de los deportados y afirmó que su encarcelamiento ayudará a fortalecer el sistema penitenciario del país.
Estas acciones han generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos, que cuestionan las condiciones en las prisiones salvadoreñas y la legalidad de las deportaciones sin el debido proceso.
Además, la situación ha tensado aún más las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo presidente, Nicolás Maduro, ha denunciado estas deportaciones como una violación de los derechos humanos.
Perspectivas legales y futuras acciones
El enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el judicial en Estados Unidos podría escalar hasta el Tribunal Supremo, ya que la administración Trump ha expresado su intención de apelar la orden del juez Boasberg.
Mientras tanto, organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) exigen garantías de que no se realizarán más deportaciones hasta que se resuelva la disputa legal y solicitan cooperación internacional para el retorno de los afectados.
Este episodio pone de manifiesto las tensiones en torno a las políticas migratorias de Estados Unidos y la utilización de leyes históricas en contextos contemporáneos, abriendo un debate sobre los límites del poder presidencial y la protección de los derechos humanos en situaciones de seguridad nacional.
Fuente: La Nación