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Trump pretende acelerar las expulsiones de inmigrantes sin estatus legal

Trump pretende acelerar las expulsiones de inmigrantes sin estatus legal. Las prioridades serán aquellos con antecedentes penales y quienes llegaron recientemente.

El presidente electo Donald Trump planea ejecutar una campaña de deportación masiva apenas asuma su segundo mandato.

Su principal asesor, Stephen Miller, afirmó que la operación comenzará “a la velocidad de la luz”. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizará la expulsión de inmigrantes con antecedentes penales y de quienes ingresaron al país durante la administración de Joe Biden.

También estarían en riesgo aquellos que ya agotaron sus apelaciones legales. Sin embargo, los beneficiarios del programa DACA, conocidos como “dreamers”, no serán una prioridad inmediata.

Obstáculos logísticos y legales

Trump enfrentará desafíos para cumplir su promesa de deportaciones masivas. Arrestar y expulsar a millones de personas requiere una enorme inversión de recursos y personal.

Actualmente, hay aproximadamente 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, según datos oficiales. Muchos expertos creen que la cifra es mayor debido a la crisis fronteriza de los últimos años.

Trump ya intentó algo similar en su primer mandato. Prometió deportar entre 2 y 3 millones de personas, pero en realidad expulsó a 1.5 millones en cuatro años.

ICE informó que en 2024 deportó a 271,000 personas, la cifra más alta en una década. Sin embargo, sigue lejos del récord de 409,000 deportaciones en 2012 durante la administración de Barack Obama.

El papel de Tom Homan y los casos pendientes

Para ejecutar su plan, Trump designó a Tom Homan, exdirector de ICE, como su “zar de la frontera”. Homan adelantó que las nuevas prioridades incluyen a 1.4 millones de inmigrantes con órdenes de deportación ya emitidas.

Pero hay una complicación: casi la mitad de estas personas no pueden ser deportadas porque sus países de origen no las aceptan o corren riesgo de persecución. Otros han recibido aplazamientos o prórrogas legales.

Además, ICE tiene en su registro de “no detenidos” a 8 millones de inmigrantes con casos migratorios abiertos. Muchos están en proceso de asilo, con audiencias demoradas por años debido a la sobrecarga del sistema.

Trump podría recurrir a tácticas utilizadas en su primer mandato, como detener a inmigrantes durante sus citas con ICE para luego deportarlos.

Esto podría aumentar el miedo y la desconfianza en el sistema. Otro grupo en riesgo son más de 1 millón de inmigrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS).

Este programa protege a personas de países en crisis, como Venezuela, El Salvador, Ucrania y Sudán. El impacto económico también genera preocupación.

Empresas y empleadores temen que una deportación masiva afecte sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios.

Con desafíos logísticos y una fuerte resistencia política, la ejecución del plan de Trump será difícil. Sin embargo, su administración tiene claro que buscará endurecer la política migratoria desde el primer día.

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